l embajador tuvo que cambiar apresuradamente de sombrero o, más en el estilo coloquial, de cachucha. Días atrás era un amable apoyador de las intenciones mexicanas de reformar su sistema judicial, con todo y elección directa de personas juzgadoras, y ayer giró en plan abiertamente intervencionista.

El representante de Estados Unidos en México considera que la elección directa de personas juzgadoras representa un riesgo mayor para la democracia y una amenaza a la histórica relación comercial entre ambos países, además de debilitar la integración económica de Norteamérica y crear turbulencia.

Ken Salazar no ahorró formas de descalificación y amago. La elección de jueces por voto popular podría hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas, además de que no resolverá dicha corrupción judicial ni tampoco fortalecerá al Poder Judicial.

Pero el acento más conminatorio está puesto en lo económico, la relación comercial, la certidumbre de los inversionistas y abiertamente en cuanto al Tratado de Libre Comercio. La turbulencia prevista por Salazar (turbiedad, agitación, desorden, según el diccionario de la RAE) provendrá del debate sobre esta elección de jueces, que continuará durante los próximos años (un aviso de la recurrencia a tribunales internacionales, en largo litigio).

Y advierte temas centrales de la preocupación gringa: México debe contar con jueces capaces de gestionar litigios complejos para las extradiciones, disputas comerciales y otras cuestiones. Y, con la propuesta, tal como está, (México) elimina los requisitos necesarios de tener a los jueces más calificados.

A la postura explícita del diplomático del imperio vecino se sumó, en términos menos detallados, el embajador de Canadá en México, quien atribuyó preocupaciones a inversionistas de su país. Graeme C. Clark, muy interesado en precisar que no busca incidir sobre decisiones propias de México, mencionó que la reforma judicial podría afectar el vínculo de confianza entre esos empresarios canadienses.

A las declaraciones embajatorias deben sumarse las advertencias de calificadoras de riesgo, centros bancarios de perspectivas y otras instancias de capital que alertan de sobresaltos por la mencionada reforma judicial.

Todo ello, mientras avanzan con claridad los dos rubros sustanciales de la actual disputa por el destino de la nación: la comisión del Instituto Nacional Electoral, que debía dictaminar para que en sesión plenaria los consejeros debatan y voten, lo que debe suceder hoy, ya ha adelantado su respaldo a la integración del Congreso con holgada mayoría calificada para Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y con una aritmética muy propicia (a dos o tres votos) en el Senado.

Tal poderío legislativo de la llamada Cuarta Transformación, derivado legítimamente de las urnas del pasado 2 de junio, le otorga la facultad de proponer y aprobar reformas constitucionales en la Cámara de Diputados sin necesidad de negociaciones con opositores (en el Senado sí será necesario recurrir al mercadeo, con suficientes marchantes opositores muy predispuestos).

La principal reforma a aprobar, que constituyó una oferta de campaña y luego un mandato electoral, es la judicial, con todo y elección de jueces por voto directo. Pero a esa imperativa derivación de las urnas se resisten instancias extranjeras, fuerzas del mercado y una oposición que en su despecho es capaz de apoyar intervencionismos como el encabezado por el injerencista embajador Salazar.

Y, mientras este fin de semana se reúnen en la Ciudad de México representantes de ultraderecha, en la trumpista Conferencia Política de Acción Conservadora, sin la estridencia del argentino Javier Milei, cada vez más entrampado en su país, ¡hasta el próximo lunes!

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