onforme se acercan el inicio de la próxima legislatura y la votación de la iniciativa de reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, arrecia la embestida de los grandes beneficiarios de la judicatura plutocrática y antinacional a fin de descarrilar el cumplimiento de la voluntad popular expresada en las urnas.

Bancos, agencias calificadoras y otras compañías trasnacionales han emitido comunicados que sólo pueden leerse en clave de extorsión y amenaza, en los cuales advierten de supuestas consecuencias catastróficas de esa reforma para las perspectivas económicas de México.

Entre las expresiones de rechazo se encuentra la del Consejo de Empresas Globales (organización integrada por las y los presidentes y directores generales de 63 grandes empresas que operan en distintos países y que tienen una sólida presencia en México, de acuerdo con su propio portal), el cual advirtió que el intento de sanear al Poder Judicial de la corrupción que lo carcome supone riesgos de la certeza jurídica para invertir en el país y de ahuyentar las oportunidades de nuevos negocios.

En conjunto, la guerra propagandística en contra de la reforma constituye la mejor demostración de para quién trabajan y a quiénes consideran sus patrones quienes se empecinan en cerrar el paso a la elección democrática de jueces, ministros y magistrados: no para el país ni para los ciudadanos, sino para los dueños de grandes capitales locales y foráneos.

Basta con un botón de muestra para ilustrar el daño que el Poder Judicial le hace a México por la complicidad de sus integrantes con los potentados: la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiene desde hace más de un mes dos casos que impiden al Servicio de Administración Tributaria (SAT) cobrar 35 mil millones de pesos a un conglomerado cuyo dueño se proclama abiertamente a favor de evadir impuestos.

La transgresión ética es inocultable, ya que una sola persona niega al país los recursos que le corresponden pese a que la firma en cuestión ya perdió los amparos interpuestos ante la justicia federal e incluso ante la Segunda Sala del máximo tribunal.

No es casualidad que el citado consejo agrupe a farmacéuticas, productoras de agrotóxicos y organismos transgénicos, bancos, así como una gran proporción de petroleras y representantes de la industria eléctrica. Se trata de algunos de los sectores que han obtenido pingües ganancias a expensas del erario y de los mexicanos de a pie gracias a la complacencia de los togados con las contrarreformas lesivas aprobadas durante el ciclo neoliberal, y a su activa militancia en contra de los esfuerzos del actual gobierno para corregir un orden jurídico diseñado para el enriquecimiento ilimitado de unos pocos a costa de las mayorías.

En este contexto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, convocó a una conferencia de prensa de último minuto en la que leyó el que quizá sea su más imprudente e inadmisible mensaje al frente de la sede diplomática: tras asegurar que la eventual aprobación de la iniciativa representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de nuestras economías bajo el T-MEC, llamó a los legisladores a modificarla e incluso amagó con controversias y acciones por parte de su país si se aprueba en sus términos actuales.

Los integrantes del Congreso de la Unión deben rechazar en los términos más enérgicos la injerencia de los poderes fácticos en su labor, y el Estado mexicano ha de tomar las medidas pertinentes a fin de evitar la repetición de dislates injerencistas como el que profirió ayer el embajador Salazar. Para la sociedad mexicana, queda más clara que nunca la urgencia de reformar al Poder Judicial y de remover a los juzgadores que conspiran contra los nacionales y el bien común.