El PAN presentó ayer una propuesta alternativa de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) que incluye la figura del juez sin rostro, que cualquier grupo parlamentario pueda presentar acciones de inconstitucionalidad sin importar el número de sus integrantes, y que el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sea electo por el voto popular de la ciudadanía.

A unos días de que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados apruebe el dictamen sobre la iniciativa que envío el ejecutivo al Congreso en esta materia, el dirigente del blanquiazul, Marko Cortés Mendoza, consideró que su propuesta sí es integral y pidió que se discuta tanto en la instancia citada como en el pleno de San Lázaro, para que se constate quién realmente está proponiendo lo más óptimo para mejorar el sistema de justicia del país.

Aunque se da por hecho que su planteamiento no logrará el voto mayoritario, señaló que su deber es mostrar que hay una alternativa y debatirla. Recordó además que en el Senado, Morena y sus aliados no tiene la mayoría calificada para aprobar la reforma constitucional.

Dijo esperar que todos aquellos que lleguen a la cámara alta se mantengan con fuerza y valor y que nadie venda su voto o se ausente el día de una votación tan importante como esa.

En conferencia de prensa en el Senado, Cortés Mendoza desmenuzó la propuesta, la cual contempla la elección de tres de los siete integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, que los jueces resuelvan en un plazo de seis meses cualquier caso que se judicialice para poder tener una justicia pronta y expedita, y juzgadores sin rostro que resuelvan sobre asuntos relacionados con la delincuencia organizada y ya no se vean amenazados.

También que los ministros de la corte resuelvan a más tardar en un año cualquier tema que llegue a sus manos, no como ahora, que tardan tres, cuatro o más años.

Para que los presidentes de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y de Senadores puedan presentar controversias constitucionales, planteó que se requiera solamente la petición de 20 por ciento de los legisladores, no un tercio, como ocurre actualmente.