sualmente lenta, fallida y enredada, la fiscalía federal a cargo de Alejandro Gertz Manero dice ir confirmando detalles del más reciente jueves sinaloense negro y ha decidido centrar sus perspectivas judiciales en Joaquín Guzmán López, uno de los Chapitos, al acusarlo de traición a la patria por, según eso, haber secuestrado a Ismael Zambada y entregarlo a autoridades de otro país (Estados Unidos), luego de medio siglo de impunidad absoluta en México del jefe criminal conocido como El Mayo.

El enfoque seleccionado por la Fiscalía General de la República se alinea con la postura oficial del gobierno de Estados Unidos y con las declaraciones atribuidas a Zambada. Es decir, sienta bases para eludir posibilidades de reclamos mexicanos contra Estados Unidos por su probable involucramiento en este golpe en el que aún no queda claro si hubo participación de agencias del vecino país, aunque esta postura de la FGR prefiere centrar el asunto en la responsabilidad de un connacional.

Ya habrán de conocerse y valorarse los indicios firmes que han llevado a esa fiscalía a optar por esta vía interna. También habrá de verse si ese señalamiento de uno de los Chapitos como traidor a la patria y secuestrador de El Mayo incentiva la violencia de por sí creciente entre las dos facciones principales del cártel de Sinaloa. Por lo pronto, esta semana llegaron a Culiacán 600 soldados más.

En ese calculado reparto de presuntas responsabilidades le ha tocado otro impacto al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el promotor de Sara Bruna Quiñónez Estrada para que fuera nombrada en la fiscalía estatal, y a quien le dio el consejo de que renunciara luego del escándalo de las maniobras forenses relacionadas con el asesinato de Héctor Melesio Cuén, el encarnizado adversario del propio Rocha Moya. Ayer, la FGR señaló como inaceptable la versión propuesta y defendida por la entonces responsable de la fiscalía sinaloense. ¿El golpe alcanzará al gobernador del estado o sólo a la fiscal, a la que movió y removió?

La presidenta electa comentó que ha invitado a ocupar un cargo en su administración a Leonel Cota Montaño, quien fue, por impulso de López Obrador, gobernador de Baja California Sur, presidente nacional del PRD y, ya en el sexenio por terminar, subsecretario de seguridad pública y… director de Segalmex, donde sobrellevó la crítica situación del inocultable fraude cometido cuando el responsable era Ignacio Ovalle, a quien se mantiene a buen resguardo como funcionario menor en la Secretaría de Gobernación.

El diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, dijo ayer en entrevista que en un artículo transitorio de la propuesta de reforma judicial se incluye el señalamiento de que se busque reformar también a las fiscalías. En el tema ya estarían trabajando la consejería jurídica y otros personajes de la próxima administración claudista.

También declaró el diputado Robledo: lo que más ha crecido en México es la página roja en los noticiarios de radio y tv. Se le preguntó si los medios exageran o magnifican en cuanto a desbordamiento criminal: En este terreno, para mí, la exageran, y mucho (...) La seguridad pública es una percepción, no es el índice de criminalidad; desde luego que han crecido los crímenes, porque ha crecido la población, pero el reporte de la Secretaría de Seguridad es favorable en términos de delitos federales. Si a alguien hay que creerle, es a la autoridad que informa. La diferencia entre unos datos y otros datos es que si unos los puede decir cualquier persona (periodista, analista, diputado, profesor) y si miente por equivocación o descuido, no pasa nada; pero los datos que da la autoridad generan una responsabilidad para quienes los están diciendo, tienen credibilidad oficial (https://goo.su/egGiaR).

Y, mientras Martí Batres ha sido designado para dirigir el Issste en la administración Sheinbaum, ¡hasta mañana!

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