Pese a la denuncia que presentó Compañía Mueblera Excelencia Educativa contra dos funcionarios del estado de México, a quienes acusa de haber direccionado una licitación para favorecer a la empresa Diana Soluciones, el testigo social que dio seguimiento al concurso y la asignación del contrato apuntó en su informe que no se observó irregularidad alguna en el proceso de contratación pública, y aún más: detalló que éste se realizó con transparencia, imparcialidad, eficacia y eficiencia.

Sin embargo, Compañía Mueblera insistió en que el subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación, Ricardo López Avendaño, y Fernando Cejudo Reyes, quien hasta el pasado 1º de agosto fue director de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor, sí incurrieron en ilícitos, entre ellos abuso de autoridad.

Haber establecido plazos de entrega de los muebles y muestras en un lapso sumamente breve, restrictivo e imposible de cumplir eran hechos arbitrarios e indebidos que configuran la conducta delictiva, pues sólo podrían cumplir con estos plazos quienes tuvieron acceso previo y privilegiado a esos datos.

Compañía Mueblera alegó que el artículo 62 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México estipula que las personas que participen en los procedimientos licitatorios que convoque la autoridad tendrán igual acceso a la información relacionada con los concursos, cumplirán los mismos requisitos y participarán bajo las mismas condiciones, lo que, a su decir, no se cumplió.

También les imputaron a López Avendaño y Cejudo Reyes el delito de coalición de los servidores públicos tipificado en el artículo 344 del Código Penal mexiquense, pues ambos tomaron medidas contrarias a la Ley de Contratación Pública del Estado de México al no garantizar a todos los participantes condiciones de igualdad.

Destacó que es muy sospechoso que la ganadora haya sido la única que no tuviera dudas del concurso ni acudiera a la junta de aclaración para formular alguna pregunta. Las únicas dos compañías que cumplieron con la entrega de las muestras en el tiempo previsto por las bases fueron Diana Soluciones y Grupo Rimova, la primera con sede en Puebla y la segunda en Toluca.

Presentaron propuestas casi idénticas, pues Diana Soluciones Educativas ofertó todo el paquete mobiliario por 449 millones 894 mil 95 pesos, y Grupo Rimova por 449 millones 994 mil 376 millones.

La carpeta de investigación está en integración y será el Ministerio Público el que determine si se configura alguna conducta delictiva.