Aun cuando dependencias del gobierno central no presenten una respuesta a una consulta de cambio de uso de suelo, o incluso éstas resulten negativas, el Congreso de la Ciudad de México tiene libre albedrío de aprobarlos, ya que dichas opiniones no resultan vinculantes a la hora de resolver y aprobar los dictámenes correspondientes.

De acuerdo con los documentos de los seis cambios de uso de suelo aprobados el lunes en comisiones del Legislativo, algunos casos, como el de Marsella 70, que implica la construcción de un hotel y restaurante, no recibieron respuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), aun cuando se trata de una modificación en una zona de valor patrimonial, además de que Protección Civil dio su visto bueno, pero señaló el sitio como de riesgo alto en materia de sismicidad, de ahí que recomendó tomar previsiones necesarias al respecto.

También está el caso de Galileo 8, en Polanco, donde se pretende edificar un hotel de 22 pisos, para lo cual la Secretaría de Movilidad (Semovi) y vecinos emitieron opiniones negativas al considerarlo un proyecto de alto impacto para la zona.

Si bien la Ley de Desarrollo Urbano obliga a los legisladores a solicitar opiniones a las diversas dependencias, no lo obliga a tomarlas en cuenta, así lo establece el artículo 42, que refiere que en ningún caso las opiniones formuladas sobre las iniciativas de decreto vincularán el sentido del predictamen, ni el del dictamen de la comisión, ni el del acuerdo o decreto del pleno de la asamblea.

La Ley Orgánica del Congreso capitalino ordena a los diputados crear el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la ciudad, que tendrá la facultad de elaborar predictámenes sobre las iniciativas de decreto en materia de programas de desarrollo urbano, entre ellos usos de suelo.

Sin embargo, los diputados no han realizado los nombramientos correspondientes.