El Instituto Nacional Electoral (INE) definirá este viernes la integración de ambas cámaras del Congreso de la Unión, en medio de presiones de distintos grupos que exigen al árbitro interpretar el artículo 54 de la Constitución, a fin de reducir curules de representación proporcional a Morena y sus aliados.

La guía final para este reparto ya fue definida por el consejo general desde el 7 de diciembre pasado y, acorde con fuentes del INE, el sentido de ese texto viene desde el título: Acuerdo por el que se determina el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules y los escaños por el principio de representación proporcional en el Congreso de la Unión, que correspondan a los partidos políticos nacionales con base en los resultados que obtengan en la jornada electoral a celebrarse el 2 de junio de 2024.

El mecanismo –publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero– recalca no sólo los límites constitucionales para evitar la sobrerrepresentación; por ejemplo, que ningún partido político debe tener más de 300 diputados, sino también define dos conceptos básicos para la aplicación de las fórmulas de reparto y evitar inconformidades como en comicios pasados, a saber: votación nacional emitida y afiliación efectiva (de los ganadores).

La discusión y votación se realizará en la sesión de consejo del 23 de agosto y así concluirá el Proceso Electoral Federal 2023-2024, aunque los inconformes podrán impugnar ante la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En la máxima instancia, el análisis será expedito, pues este tribunal debe responder y eventualmente confirmar el criterio del INE, a más tardar el 28 de agosto.

Después de conocerse los resultados oficiales emitidos por el INE, el TEPJF recibió mil 185 impugnaciones, de las que 520 fueron en contra de los cómputos distritales de la elección de diputaciones y 322 de senadurías, pero ningún alegato cambió los resultados.

Sólo fueron anuladas 727 casillas (de 170 mil 63 instaladas en todo el país) al comprobarse que la votación fue recibida por personas no autorizadas; sin embargo, esta circunstancia haría variar las cifras finales de sufragios válidos, pero no modificó el sentido de ningún triunfo.

Lógicamente, los partidos de oposición –que en la mayoría de los distritos y entidades contendieron en coalición– interpusieron el mayor número de juicios de inconformidad de los resultados de diputaciones y senadurías: PAN, 433 juicios; PRD, 339, y PRI, 91.

Las salas regionales del TEPJF declararon improcedentes o infundados los expedientes; tampoco fructificaron los recursos de reconsideración llevados hasta la sala superior.

A partir de lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) elaboró un proyecto de acuerdo que será discutido pasado mañana a nivel de comisión y, dos días después, en el consejo general.

El primer ejercicio de la DEPPP, elaborado en junio a partir de los resultados de los cómputos distritales que, como se dijo, en ningún caso variaron en lo sustancial tras su paso por el TEPJF, estableció que Morena y sus aliados tendrían el número suficiente de curules en la Cámara de Diputados para aplicar reformas constitucionales.

La denominada mayoría calificada, que puede aplicar cambios a la Carta Magna, es de 334 votos (si asisten todos a la sesión), en tanto la megabancada tendría 364 diputados: 257 de Morena, 60 del Partido Verde y 47 del Partido del Trabajo (La Jornada, 11/6/24).

No obstante, este mismo bloque se quedaría corto para ratificar las reformas constitucionales en el Senado, pues ahí necesitan 86 votos y sólo llegarían a 83 al sumar las bancadas de Morena, PT y Verde.

En ese contexto, se han multiplicado las protestas de distintos grupos, sobre todo de oposición o de ex consejeros y ex magistrados. El 15 de agosto se entregó en el INE y en el TEPJF una carta en la que aparecen los nombres de 27 ex funcionarios electorales, en la que advierten a sus sucesores: De su decisión dependerá la adecuada representación de las distintas fuerzas políticas a partir del respaldo ciudadano que recibieron el 2 de junio pasado, así como refrendar que se cumpla el propósito de los límites máximos a la sobrerrepresentación establecidos en la Constitución en 1996: que toda modificación al texto de nuestra Carta Fundamental requiera de grandes acuerdos políticos, como los que precisa el pacto constitucional mismo, y no dependa de una sola fuerza política.

A este tipo de peticiones se han sumado grupos empresariales y hasta la Iglesia católica, aunque marcadamente en el flanco de la oposición.

En un foro reciente, el ex presidente del INE Lorenzo Córdova subrayó que el triunfo de Morena es claro y contundente, pero al mismo tiempo señaló que estamos dando una batalla para que las autoridades interpreten la Constitución como se debe. Al final, para apuntalar sus argumentos, expresó: El autoritarismo lleva prisa.