Miami. Roberto García cruzó la frontera desde México en 2009 en busca de una vida mejor. Durante los pasados ocho años ha estado casado con una estadunidense y tienen tres hijos, ciudadanos de ese país. García es el único miembro de la familia que no lo es.

Hace siete años presentó una solicitud para legalizar su estatus mediante un proceso que, aún si resulta aprobado, le exigiría volver a México sin ninguna garantía de que se le permita regresar a Estados Unidos.

La posibilidad de separarse de su familia o, en el peor de los casos, no poder volver a su casa en Los Ángeles, ha sido muy estresante. También lo ha sido la espera. Han pasado siete años, y García no ha conseguido una cita en el consulado estadunidense de Ciudad Juárez, México, al otro lado de la frontera.

Ahora, un programa del gobierno del presidente Joe Biden, que se pondrá en marcha el lunes, permitirá que algunos cónyuges de ciudadanos estadunidenses que no cuentan con permiso legal para permanecer en el país legalicen su estatus sin salir del mismo. Esto da una nueva esperanza a García y a otras personas como él. Por fin hay una luz de que esto sea posible, aseveró García, de 37 años. Me imagino pronto tener los papeles tan importantes que tanta gente quiere tener.

El nuevo programa ofrece una inusual oportunidad de borrar el miedo a la deportación y obtener algún día la ciudadanía. Pero una preocupación socava esa emoción: ¿Quién se beneficiará de lo que ha sido descrito como el conjunto de protecciones para los migrantes más amplio en Estados Unidos en más de una década? ¿El programa enfrentará impugnaciones jurídicas? Y lo más importante, ¿sobrevivirá a la elección presidencial?

Activistas y abogados señalaron que ellos y los solicitantes evalúan si hay riesgo al presentar el trámite, si el programa sobrevivirá a las posibles demandas de los republicanos y lo que ocurriría si Donald Trump, que ha prometido deportar a millones de migrantes, vuelve a la Casa Blanca tras las elecciones de noviembre.

Riesgo

Los indocumentados, que están ya en el radar del gobierno, podrían temer el riesgo de presentar su solicitud, especialmente si Trump vuelve a la presidencia. Su gobierno sabría quiénes son y dónde están, indicó Charles Kuck, abogado de inmigración con sede en Atlanta.

¿Existe un riesgo relacionado con esto? Cien por ciento, afirmó Kuck. Este tipo de programa se debió haber puesto en marcha hace algunos años, no unos meses antes de una elección, afirmó. Aconseja a sus clientes que esperen a ver quién gana.

Para ser elegibles, las personas deben haber vivido continuamente en Estados Unidos durante al menos 10 años, no tener antecedentes penales que los descalifiquen, estar casados con una persona con ciudadanía al 17 de junio como máximo, explicar por qué merecen el permiso humanitario y presentar una larga lista de documentos de apoyo, entre otros requisitos.

Si obtienen la aprobación, tendrán tres años para solicitar la residencia permanente. En ese periodo pueden obtener un permiso para trabajar.