Buenos Aires., El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axell Kicillof, anunció ayer la creación de una Unidad Especial Provincial destinada a reforzar la búsqueda que realizan las Abuelas de Plaza de Mayo de los hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar, que consideró botín de guerra, un día después que el presidente, Javier Milei, y la vicepresidenta, Victoria Villarroel, anunciaron que se desmantelaba la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), la institución que ha sido apoyada en todos los países del mundo en esta causa.

De la Conadi dependía la Unidad l Especializada, y su desaparición deja a las Abuelas de Plaza de Mayo sin posibilidades de continuar su búsqueda incansable, que ha logrado el rescate de 130 hijos de desaparecidos, quienes recuperaron su identidad y sus familias,

Es el avance destructor de Milei contra todos los organismos creados, en el caso de las garantías civiles, como el del derecho a conocer la verdad después de una dictadura que dejó 30 mil desaparecidos, asesinados y miles de exiliados.

Fue el trabajo de las Madres de Plaza de Mayo, que comenzaron con una ronda solitaria en los años 77 ante la casa de gobierno (Rosada) donde estaban los integrantes de la primera junta que se conformó después del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, lo que abrió el camino a la memoria, la verdad y la justicia.

Esto llevaría a la conformación de Comisiones de Sobrevivientes, Familiares, Hermanos y de Hijos de desaparecidos, que hicieron posible la reconstrucción de aquellos años de terror y muerte a lo que hay que añadir el trabajo de los abogados, de los investigadores y periodistas.

Kicillof sostuvo que se van a poner recursos de la provincia a disposición, considerando que es un escudo ante las políticas nacionales”, como la que desmanteló la Conadi, pero no la pudo cerrar porque se necesita una ley.

En tanto, continúa el problema de los seis diputados oficialistas que visitaron a los detenidos juzgados por crímenes de lesa humanidad durante la pasada dictadura que no prescriben, presos no sólo en la cárcel de Ezeiza, sino también se sabe ahora en los cuarteles de Campo de Mayo, en cumplimiento del proyecto oficial de liberarlos.

Kicillof recordó que una de las razones por las cuales decidió crear la Unidad Especializada es que 50 por ciento de los aproximadamente 300 nietos no han sido encontrados y son de la provincia de Buenos Aires, considerando además que desmantelar a la Conadi es un delito federal y es ilegal que el gobierno no continúe con las políticas de Estado de protección.

Por otra parte, empleados de La Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron y repudiaron un acuerdo de colaboración con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos advirtiendo que la intromisión extranjera tuvo como objetivo de inteligencia conocer los avances en materia de desarrollo espacial en Argentina.

Denuncian entreguismo ante EU

Los integrantes de la Fuerza Espacial de Estados Unidos (una de las seis ramas en las que se dividen las fuerzas armadas de ese país) visitaron el país para explorar áreas de mutua colaboración, lo que los trabajadores consideran una entrega de ese organismo al gobierno estadunidense, manifestando su inquebrantable compromiso para trabajar en el uso de nuestras capacidades con fines pacíficos y orientadas al desarrollo sostenible.

Además, repudian cualquier acercamiento que implique colaborar en algún tipo de actividad con las fuerzas armadas de un país extranjero, “situación que se acentúa en el caso de Estados Unidos, dado su historial promoviendo golpes de Estado e invasiones militares alrededor del mundo.

A esto se añade otra denuncia reciente sobre la visita de militares estadunidenses, que podrían hacerse cargo de la Fábrica de municiones, situada en la provincia de Córdoba, para producir en función de las necesidades de Ucrania.

En otro tema, la Cámara de Casación, el mayor tribunal penal, a solicitud de sobrevivientes de la pasada dictadura y organismos de derechos humanos, envió un mensaje público contra el intento del actual gobierno de arrasar con las políticas de verdad y justicia, en el que recomienda los tribunales que intervienen en juicios por crímenes de lesa humanidad que preserven la documentación y los sitios de memoria, que son los espacios donde los delitos aberrantes se perpetraron.