El dictamen aprobado en Cámara de Diputados sobre cambios a los artículos 27 y 28 de la Constitución, los cuales devolverán a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el carácter de empresas públicas, permitirá atender temas de desigualdad, aunque algunos actores, principalmente privados, no se verán favorecidos, señalaron expertos en el sector energético.

Los cambios tienen una explicación que se enmarca en un hecho: la prosperidad no es un proceso automático; que se produzca o no depende de decisiones económicas, sociales y políticas, señaló Arturo Carranza, analista en temas de energía.

Algunos actores se verán favorecidos con estos cambios, otros no, pero permitirán atender, desde otro enfoque, temas como la desigualdad, apuntó.

Carranza mencionó que las enmiendas trastocan la forma en que se concibió, años atrás, al sector energético, con la reforma de 2013 impulsada por la administración de Enrique Peña Nieto.

Destacó que uno de los cambios es la adopción de la categoría de empresas públicas, para definir a Pemex y CFE, en lugar del concepto de empresas productivas del Estado.

La diferenciación tiene una connotación especial porque propone dejar atrás la visión de estas empresas como agentes exclusivamente económicos, al tiempo en que resalta la necesidad de que empresas estratégicas, como las mencionadas, tengan una visión social y ética. Planteamiento que, en un contexto global de desigualdad y polarización, discuten economistas como Angus Deaton.

Apuntó que el otro cambio “abre la posibilidad de que en las leyes secundarias se determine la forma en que los particulares participen en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado.

Esta modificación sienta las bases para cambiar, con una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, las reglas del despacho eléctrico en beneficio de la CFE, explicó.

Resaltó que el primer cambio es razonable, atendible y positivo, mientras el segundo es entendible, pero no necesariamente positivo en aspectos económicos y ambientales.

César Hernández, experto en el sector eléctrico, indicó que el dictamen –que aún debe ser aprobado por el pleno, que lo votará en septiembre– da un paso en el avance del mayor control del Estado sobre el sector, lo cual a su vez limita al sector privado. 

En un análisis divulgado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el experto comentó que si se ve desde el punto de vista de desterrar las estructuras de gobierno corporativo y mejores prácticas, impuestos por la OCDE, la iniciativa que fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador también da un paso adelante.

Sin embargo, comentó que muchas de esas estructuras deberán mantenerse debido a la regulación aplicable a las dos empresas estatales en los mercados de valores.

Además, advirtió, estos cambios pueden inconformar a los socios del T-MEC.

Las empresas privadas también pueden interponer litigios, pues de ser aprobado el dictamen se establecerá un nuevo sistema jurídico en energía, discordante con el vigente, y aplicable al resto de los sectores económicos.