a jueza segunda vde distrito con sede en Quintana Roo, Angélica del Carmen Ortuño Suárez, amenazó ayer a las autoridades del penal del Altiplano con acusarlas de desacato si no trasladaban de inmediato a su domicilio particular al ex gobernador de Puebla Mario Plutarco Marín Torres, acusado de tortura y protección a redes de trata infantil. Marín es conocido como el góber precioso porque el empresario Kamel Nacif lo llama así en la conversación telefónica en la que el político ofrece sus servicios para escarmentar a Lydia Cacho Ribeiro en venganza por sacar a la luz la red de explotación sexual infantil encabezada por el fallecido Jean Succar Kuri.
El sábado, la togada concedió a Marín el beneficio del cambio de medidas cautelares de prisión preventiva a prisión domiciliaria con el argumento de que no es peligroso, pese a que existen grabaciones donde se le escucha conspirar para secuestrar a la periodista Lydia Cacho. Sólo tres días antes, había dado el mismo beneficio a Hugo Adolfo Karam Beltrán, jefe de la policía durante el gobierno de Marín y ejecutor del plagio de la comunicadora.
Si no es como actos de corrupción o de complicidad criminal, resultan incomprensibles los privilegios otorgados a delincuentes que usaron el poder público para plagiar, amenazar de muerte y ordenar la tortura de una periodista, y que además cuentan con los recursos y las conexiones para fugarse o poner en riesgo la integridad física de su víctima. Desde hace casi dos décadas, el Poder Judicial ha mostrado una sospechosa obsecuencia hacia el góber precioso y su entorno: todas las instancias lo absolvieron a pesar de la incontestable evidencia de su actuación criminal, e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo exoneró sin siquiera emitir un exhorto para que las autoridades condenasen la explotación sexual infantil. Si su caso se reabrió, fue porque el Comité de Derechos Humanos de la ONU ordenó al Estado mexicano reponer el juicio. El fallo de Ortuño Suárez atenta no sólo contra la seguridad de Lydia Cacho, sino contra años de esfuerzos en el combate a la impunidad.
Esta infamia se ve agravada por el hecho de haberse producido en fin de semana, con lo que se sumó a la lista de los sabadazos perpetrados por el Poder Judicial. La práctica es una burla a la justicia porque los juzgadores saben que entre la noche del viernes y la mañana del lunes no es posible revisar si los acusados tienen otros expedientes abiertos ni impugnar sus decisiones, por lo que, para cuando las fiscalías reaccionan, la liberación (y posiblemente la fuga) ya son hechos consumados. Las personas juzgadoras pueden esgrimir argumentos jurídicos para poner en libertad a alguien, incluso cuando se le acusa de los más graves delitos. Sin embargo, el hecho de que las liberaciones se dicten de manera sistemática y desproporcionada en fines de semana indica, de forma inequívoca, la existencia de una intención de favorecer a los presuntos criminales y obstaculizar la acción de las fiscalías. En este caso, los intentos de las autoridades penitenciarias para evitar la evasión de un reo claramente peligroso fueron respondidos por la jueza Ortuño con el amago de judicializarlas.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación ha asegurado que denunciar los sabadazos constituye un intento de deslegitimar la función judicial. Sin embargo, personajes como Ortuño Suárez demuestran que los grandes deslegitimadores de la función judicial no son sus críticos, sino los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte que dictan sentencias contrarias a la justicia, movidos por el tráfico de influencias, las filias y fobias ideológicas y la corrupción. Ante fallos tan aberrantes como el actual, queda claro que la manida independencia judicial
no es sino un pretexto para la arbitrariedad y el fraude a la ley, por lo que es imposible poner en duda que la limpieza de la judicatura y la remoción de los juzgadores que obstruyen la justicia es una de las más urgentes tareas del Estado mexicano.
