Cancún, QR., Luego de que una jueza concedió la prisión domiciliaria al ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, quien enfrenta un proceso por tortura y protección a redes de trata infantil, organizaciones que luchan contra esta actividad ilícita y de derechos humanos expresaron su rechazo enérgico contra esta decisión judicial que favorecen a los responsables de estos delitos graves.

En un comunicado, advirtieron del riesgo inminente de complicidad institucional en casos como en el que está involucrado el ex mandatario poblano; el ex jefe policiaco Adolfo Karam y el empresario textilero, Kamel Nacif, acusados del delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro en diciembre de 2005.

Las organizaciones Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, la Red por los derechos de la infancia en México y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, exigieron al Consejo de la Judicatura Federal que revise este sospechoso patrón de liberaciones, asegurándose que los jueces implicados no sean objetos de presiones o respondan a intereses contrarios al interés superior de la niñez.

Al cierre de esta edición Marín Torres no había sido trasladado por autoridades del Centro Federal de Readaptación Social 1 El Altiplano”, en el estado de México, a su domicilio en Puebla, como instruyó el sábado pasado la jueza segundo de distrito, con sede en Quintana Roo, Angélica del Carmen Ortuño Suárez.

Aracely Andrade, abogada de la periodista Lydia Cacho, explicó el lunes que Ortuño Suárez envió una amonestación a las autoridades penitenciarias, pues la medida debió concretarse la misma noche del sábado.

No obstante, el coordinador general de Control Penitenciario, Sergio Alberto Martínez Castuera, respondió en un oficio que realizan las gestiones conducentes para cumplir con el mandato. Refirió que hizo 43 solicitudes a las diferentes dependencias de la Fiscalía General de la República, así como de las Fiscalías General de Justicia de los 31 Estados y de la Ciudad de México para conocer si el ex gobernador cuenta con otras órdenes de arresto, carpetas de investigación o procesos penales.

Recalcó que todavía no obtiene los resultados de 15 dependencias, por lo tanto solicitó una prórroga para recabar las respuestas faltante de las autoridades requeridas.

Andrade recordó que la jueza determinó también que Marín debe pagar fianza de 100 mil pesos, además tiene prohibido salir de la ciudad y del país, acercarse o comunicarse con los otros indiciados por el mismo proceso; además le retuvieron su visa y pasaporte.