A menos de un mes de que concluya la segunda Legislatura capitalina, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, informó que se enviarán iniciativas de reformas para inhibir el funcionamiento irregular de las llamadas chelerías, así como castigar el quebranto de sellos de suspensión de actividades o clausura.

Afirmó que su administración realiza operativos, como parte del programa La noche es nuestra, para combatir su operación e incluso, dijo, ha habido zonas donde hemos quitado prácticamente todas, sobre todo en Cuauhtémoc, y en Venustiano Carranza en ciertas zonas donde nos hemos avocado.

Sin embargo, manifestó que son las alcaldías las encargadas de efectuar las verificaciones correspondientes para evitar el funcionamiento irregular de esos negocios. Deberían atenderlo totalmente; no obstante, el gobierno de la ciudad entra de manera complementaria para abordar ese tema, ya sea en la vía pública o en establecimientos.

En conferencia de prensa, dijo desconocer la iniciativa presentada por la alcaldía de Coyoacán para endurecer las penas a dichos negocios, pero, subrayó, la Secretaría de Gobierno trabaja en las propias para atender temas como el de las chelerías y la ruptura de sellos, entre otras, que se enviarán al Congreso local en los próximos días.

Coyoacán ya propuso una

La iniciativa de la alcaldía de Coyoacán, que sigue en proceso de dictaminación en comisiones, propone una sanción de tres meses a tres años de prisión y de 100 a 500 veces la unidad de medida de actualización vigente –entre 10 mil 857 y 54 mil 285 pesos– a quien venda alcohol en vía pública, en puestos móviles, mercados sobre ruedas o tianguis, a pie de camión o en inmuebles habitacionales, así como en un radio menor a 2 kilómetros de cualquier centro educativo.

Las penas se incrementarían una mitad en caso de venta a menores de edad y este tipo de delitos se perseguirán de oficio.

En la actualidad, la venta y consumo ilegal de alcohol en la calle es una falta a la Ley de Cultura Cívica que puede tener sanciones de hasta 3 mil 200 pesos, arresto de hasta 36 horas o trabajo comunitario hasta por 18 horas.