Puebla, Pue., La Comisión Nacional del Agua (Conagua) es un legado de las instituciones salinistas, llena de corrupción y al servicio de empresarios e industriales, que nunca ha asumido su verdadera función: otorgar concesiones de aguas nacionales garantizando una gestión sustentable de las aguas superficiales y subterráneas, sostuvo Elena Burns, del Grupo Promotor de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua.

Al término del análisis de la crisis hídrica en la entidad, por dicho grupo, Burns expuso que el reto de la sociedad es deshacer los modelos privatizadores y las instituciones que los garantizan, por lo que urgió a crear contralorías ciudadanas del agua a niveles local, estatal y federal.

Miembros de organizaciones sociales acusaron que la subcuenca del Alto Atoyac, como la de Libres Oriental tiene déficit hídrico, debido a las concesiones de la Conagua –que se incrementaron de manera acelerada desde la entrada en vigencia de la Ley de Aguas Nacionales– y en mayor proporción fueron conferidas a intereses privados de industrias y empresas.

Elena Burns se dijo sorprendida por las licencias hídricas dadas por la Conagua a Granjas Carroll, pese a la veda y de la no disponibilidad de agua en la Cuenca Libres Oriental.

La defensa de campesinos del agua de dicha cuenca es un ejemplo de valor, ellos están defendiendo la vida y las aguas nacionales patrimonio de la nación ante la ausencia y la negligencia de la Conagua que ha dejado ver que la única manera de defender el derecho humano al agua sea arriesgando la libertad y la vida, destacó la académica.

Hay otros ejemplos, pero los campesinos de Puebla son los que realmente están poniendo todo muy claro de lo que sucede en el país, están revelando la situación y yo admiro su valor, resaltó la también ex subdirectora general de Administración del Agua en la Conagua.

En entrevista, tras participar en el encuentro, explicó que el problema de la institución federal que administra el agua es que ha olvidado su responsabilidad sustentable y se dedica a otorgar concesiones a industrias a las que ni siquiera cobra derechos.

Recordó que en 2023 la Conagua recaudó 22 por ciento de los derechos que los usuarios industriales debían pagar, por lo que 43 mil millones de pesos se quedaron en los bolsillos de los usuarios industriales agroindustriales y de servicios.

No inspecciona y menos asegura o advierte daños a terceros. Los labriegos están sufriendo daños, por eso están arriesgando la libertad y la vida. Consideró vital contar con la contraloría social del agua. Desde abajo se están tejiendo los conocimientos, las propuestas, las exigencias que surgen desde el interés público, de ciudadanos que votaron en 2018, en 2024, para que se termine el neoliberalismo, un voto que exigía un alto a privatizaciones y el agua en manos de particulares.

Fe en el nuevo gobierno

Burns, cofundadora del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa de la Universidad Autónoma Metropolitana, y fundadora de la Coordinadora Nacional Agua para Todos Agua para la Vida, así como María Eugenia Ochoa y José Luis Bello, integrantes de la Asamblea Social del Agua, dijeron esperar que el nuevo gobierno pueda desprivatizar el agua, siguiendo la línea con la política de la Cuarta Transformación.

Instaron al gobernador electo de Puebla, el morenista Alejandro Armenta, a cuestionar las irregularidades que hay en las concesiones otorgadas a Granjas Carroll y terminar con el contrato a Concesiones Integrales que ha significado el fracaso de la privatización del sistema operador del agua en la capital y cinco municipios más.

Aseveraron que dicho convenio fue impulsado en 2014, en un proceso oscuro y con vicios legales que ha generado el incremento de la deuda pública, el deterioro de la red de abastecimiento y la violación sistemática al derecho humano al agua.

Miembros de grupos civiles alertaron que el territorio hídrico en Puebla es un infierno ambiental, que sus contenidos de metales pesados registran niveles mayores a los máximos permitidos por las normas oficiales mexicanas, lo que ha repercutido en la aparición de enfermedad renal crónica en personas jóvenes, así como una cifra preocupante de leucemia aguda en los niños.

Esta situación ha sido consecuencia de graves deficiencias en el marco legal e institucional, la corrupción, así como el abuso del poder económico y político, y ha sido denunciado en diferentes espacios ciudadanos, comunitarios, académicos y de pueblos originarios que han documentado su sobrexplotación, su desperdicio, fugas significativas en redes de distribución, mala planeación y la mercantilización del agua sin respetar su ciclo de vida.

Concluyeron: Frente a esta grave situación socioambiental es básico que el Estado en sus diferentes niveles de gobierno, recupere la rectoría del agua, impulse una gestión transformadora, garantice su ciclo de recarga, saneamiento y agua potable y para uso agrícola e industrial e infraestructura de forma equitativa.