n su conferencia de prensa de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó la falta de cooperación de Estados Unidos en el caso de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, y reiteró su exigencia de que Washington entregue un informe completo sobre la detención de los capos mexicanos que tuvo lugar en territorio estadunidense el 25 de julio pasado. El mandatario señaló que hasta ahora no se ha esclarecido si fue un acuerdo, si quienes llevaron a cabo esto fueron las dos personas por su voluntad o intervino alguna agencia extranjera, pero se dijo convencido de que no participó ninguna dependencia del gobierno mexicano.

Horas después, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ofreció una conferencia de prensa en la cual respondió algunas de las preguntas planteadas por el Ejecutivo, pero mantuvo ocultos aspectos centrales de la cadena de acontecimientos que llevó al encarcelamiento de los cabecillas del cártel de Sinaloa. De acuerdo con el diplomático, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán se entregó de manera voluntaria, mientras la evidencia al momento de llegar indica que Zambada fue llevado contra su voluntad. Asimismo, deslindó a la administración de Joe Biden de cualquier responsabilidad en el traslado de Zambada a Estados Unidos, en el cual no se utilizaron recursos estadunidenses; no fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente. Sobre el timonel de la aeronave abundó que no era un empleado ni fue contratado por el gobierno de los Estados Unidos, ni algún ciudadano estadunidense.

Lo que el embajador no aclara es si la entrega voluntaria de Guzmán López y los métodos (de los cuales tampoco se informa) empleados por éste para hacer que El Mayo lo acompañara en el vuelo rumbo a su arresto fueron una idea espontánea del presunto narcotraficante o si resultaron de un acuerdo previo entre el hijo de El Chapo y las autoridades estadunidenses.

Este punto dista de ser anecdótico: de comprobarse que el gobierno de Biden o las agencias de espionaje de ese país conspiraron con un criminal en el secuestro de un ciudadano mexicano y su traslado ilegal a Estados Unidos, estaríamos ante una grave violación a la soberanía mexicana, merecedora de enérgica respuesta por parte de la Cancillería y de Palacio Nacional. Sin importar quién sea Ismael Zambada, la extracción clandestina de un nacional sienta un precedente nefasto, pues en lo sucesivo Washington podría acordar el secuestro de cualquier persona e inventarle delitos en función de sus intereses políticos o económicos. Justamente para evitar ese tipo de arbitrariedades, los estados de derecho están obligados a observar en todo momento el debido proceso y a proceder por cauces institucionales.

Está claro que Salazar y el gobierno al que representa deben muchas explicaciones a las autoridades y la sociedad mexicanas, no sólo para restaurar la confianza indispensable en una relación bilateral tan compleja, sino porque, como reclamó el presidente López Obrador, la ausencia del miembro más prominente de una de las principales organizaciones criminales del país crea un vacío de poder que podría exacerbar la violencia entre bandas rivales y poner en riesgo la vida de personas que no tienen nada que ver con la delincuencia. En suma, lo expresado ayer por el embajador constituye una exposición tardía e insatisfactoria del involucramiento de Washington en el caso de marras, y debe ser completada de manera expedita con un informe exhaustivo.