Lima. Perú promulgó ayer una ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas, una iniciativa que beneficiará al ex presidente Alberto Fujimori y a 600 militares procesados.

Impulsada por la mayoría derechista que controla el Parlamento unicameral y pese al rechazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la ley fue publicada en la gaceta oficial luego de que el gobierno decidiera no observarla.

El texto anula procesos por presuntos crímenes cometidos durante el conflicto interno o guerra contra el terrorismo, de acuerdo con las autoridades de la época, que dejó más de 69 mil muertos y 21 mil desaparecidos entre 1980 y 2000.

La norma indica que nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1º de julio de 2002, cuando entró en vigencia en Perú el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra, destaca la ley que entra en vigencia hoy.

Las autoridades peruanas sostienen que el nuevo marco jurídico sirve para precisar la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación local.

El gobierno rechazó que se trate de una amnistía encubierta o ley de impunidad, como aseguran grupos defensores de derechos humanos y familiares de las víctimas de matanzas cometidas por militares entre 1980 y 2000. La controversia radica en que lo señalado en el Estatuto de Roma y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los delitos de crímenes de guerra y lesa humanidad son aplicables a Perú solo después de la publicación de la ley. Así que desde el punto de vista de la aplicación inmediata de la ley penal no es cierto que la norma promueva la impunidad, declaró ayer el jefe del gabinete Gustavo Adrianzén.

Entre otros, esta ley beneficia al ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado en 2009 a 25 años de prisión por ordenar dos matanzas de civiles llevadas a cabo por el ejército en 1991 y 1992.

El ex mandatario de 86 años fue excarcelado el 7 de diciembre de 2023 gracias a un indulto humanitario, después de 16 años en prisión, pero tiene pendiente un juicio por el caso Pativilca, en el que es acusado de ser el autor intelectual del asesinato de seis agricultores en 1992, por lo que podría volver a prisión.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, denunció ayer que el Congreso peruano aprobase este proyecto de ley, al que considera contrario al derecho internacional.

Lamento profundamente que en Perú vaya a entrar en vigor la ley que contraviene las obligaciones del país en virtud del derecho internacional y es un hecho preocupante, indicó.