Puebla, Pue., Organizaciones sociales y campesinas de Puebla y Tlaxcala tuvieron una reunión en la Dirección General de Gobierno, en Casa Aguayo –sede del Poder Ejecutivo poblano–; ahí, dirigentes de agrupaciones que exigen la salida de la trasnacional Granjas Carroll, a la que acusan de acaparar y contaminar agua, exigieron una solución política y no judicial al conflicto que prevalece en la cuenca Libres-Oriental, donde se ha reprimido a agricultores en resistencia contra la empresa y dos labriegos han sido asesinados.

Ante Gerardo Becerril, director de Gobierno, líderes condenaron y repudiaron la persecución judicial contra integrantes del Movimiento en Defensa del Agua en la Cuenca de Libres-Oriental y pidieron soluciones que promuevan la estabilidad y la gobernabilidad en el estado.

La reunión gestionada por dirigentes se celebró el miércoles; mientras, ocho defensores del agua fueron citados por la Fiscalía General del Estado para una sesión de mediación como parte de una demanda penal en su contra iniciada por Granjas Carroll tras las protestas que comenzaron en mayo pasado.

En entrevista, líderes coincidieron en que en la reunión no se pidió diálogo, sino que el gobierno estatal asuma con responsabilidad el conflicto, atendiendo las causas que llevaron al movimiento campesino y ejidal a manifestarse.

Además, propusieron una reunión con el fiscal Gilberto Higuera y con Javier Aquino, secretario de Gobernación de Puebla, a lo que el primero accedió.

Responsabilizan al mandatario de Puebla

El Consejo Tiyat Tlali y la Red de Organizaciones Sociales de la Sierra Norte de Puebla exigieron un alto inmediato a las acciones de criminalización contra defensores del agua y del territorio que conforman el Movimiento en Defensa del Agua y el Territorio de la Cuenca Libres-Oriental.

Denunciamos la criminalización que el gobierno de Puebla ejerce hacia defensores y defensoras que habitan en comunidades de la cuenca Libres-Oriental que se han venido manifestando contra la presencia de varias industrias en la región que acaparan el agua, generan daños a los cultivos, a la apicultura y graves afectaciones a la salud, sostuvieron en un comunicado.

En el escrito responsabilizaron al gobernador Sergio Salomón Céspedes de la seguridad y vida de Moisés Moratilla y Renato Romero, dirigentes de los inconformes, a quienes funcionarios estatales amenazaron con desaparecerlos.