Puebla, Pue., Sesenta y seis años después de que les expropiaron sus tierras para construir la carretera México-Puebla, y tras dos días de mantener bloqueada la vialidad en su totalidad, a la altura del kilómetro 70+400, anoche los ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan, quienes exigen el pago de una indemnización, liberaron el tránsito en un carril de manera permanente (en ambos sentidos) para evitar mayores afectaciones a la ciudadanía, dio a conocer la Secretaría de Gobernación del estado.

A través de sus redes sociales, precisó que la decisión se tomó tras una reunión de trabajo con los representantes de los campesinos, encabezada por el titular de la dependencia, Javier Aquino Limón. Agregó que esta medida se mantendrá en tanto se desahoguen las mesas de diálogo para el pago correspondiente, a través de las instancias federales y las carreteras de cuota.

Alrededor de las 11 de la mañana, Patricia Rodríguez Flores y Jorge Portilla Alba, asesores legales de los inconformes, pertenecientes al núcleo ejidal de Ignacio López Rayón, ubicado en Tlahuapan, habían anunciado la reanudación intermitente del tránsito en la citada vialidad.

A partir de esa hora, abrieron la circulación por intervalos de dos horas, para volver a cerrar en periodos de la misma duración, a fin de ser empáticos con los transportistas y automovilistas que quedaron varados desde el martes por la mañana y llegaron a formar filas de hasta 30 kilómetros.

En conferencia realizada en el punto del bloqueo, los asesores de los labriegos aseguraron que liberarían por completo el Arco Norte, y los tramos carreteros Tlaxco-Tejocotal y Apizaco-Huamantla, donde también se apostaron desde el martes; no obstante, por la noche las autoridades de Tlaxcala afirmaron que continuaban los cierres intermitentes.

Durante la rueda de prensa Rodríguez Flores y Portilla Alba dieron a conocer que fueron citados por la Fiscalía General del Estado en calidad de indiciados por varias carpetas de investigación cuyo contenido no revelaron.

Cuando se llevaba a cabo el encuentro con los medios, un grupo de transportistas increpó a los manifestantes por su falta de consideración con las cientos de personas que llevaban dos días secuestradas en la vialidad, sin poder llegar a sus destinos.

Aunque los choferes estaban notablemente molestos, la confrontación no pasó a mayores, debido a que los abogados de los quejosos explicaron a los conductores que comenzarían a desahogar la vía.

Durante el retiro parcial del bloqueo estuvieron presentes agentes ministeriales y de la policía estatal, corporación que reforzó su presencia en la zona.

Aquino Limón agradeció la liberación intermitente de las arterias, pero recalcó que espera que esto no vuelva a ocurrir por las afectaciones a la ciudadanía.

El funcionario detalló que incluso se tuvo que disponer del helicóptero del gobierno del estado para trasladar a hospitales a dos adultos mayores que iban a ser intervenidos quirúrgicamente, y que quedaron atrapados en la carretera.

De acuerdo con Jorge Portilla, cuyas palabras fueron respaldadas en todo momento por unos 100 ejidatarios que se encontraban en el lugar, éstos tienen plena disposición de retomar mesas de diálogo con representantes del gobierno federal para llegar a un acuerdo.

Indicó que las pláticas se rompieron el pasado 6 de agosto, día en que la protesta se inició, debido a que los labriegos y sus asesores no vieron disposición por parte de las autoridades para cumplir con los pagos pendientes.

Portilla Alba añadió que, en contraste, la comunicación con la administración estatal, a través del secretario de Gobernación, se mantiene en un ámbito de respeto.

Según los representantes jurídicos de los quejosos, las protestas continuarán hasta obtener un pago justo por los terrenos, pues, dijeron, han esperado 66 años para recibir las indemnizaciones.

Reprocharon que tengan que pagar por usar la autopista México-Puebla que atraviesa sus tierras cuando la vía es un río de riquezas que deja ingresos multimillonarios.

Portilla detalló que fue en 1958 cuando 41 hectáreas del ejido Ignacio López Rayón, de Santa Rita Tlahuapan, fueron expropiadas para construir la carretera, sin que las autoridades retribuyeran a los ejidatarios perjudicados.

Por lo anterior, los labriegos recurrieron a un proceso legal y hace casi dos años los tribunales agrarios fallaron en su favor y ordenaron a la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal cumplir con las indemnizaciones.

Desde entonces, se establecieron mesas de negociación entre la dependencia y los campesinos, pero estos últimos no aceptan las cantidades que les han ofrecido porque aseguran que no se ha realizado un avalúo para conocer el precio justo de los predios en cuestión.

Los representantes de los ejidatarios recalcaron que éstos no están dispuestos a recibir menos de lo que merecen, como pretenden las autoridades federales.

Han planteado costos de hasta cuatro pesos por metro cuadrado de tierra, cantidad que es irrisoria, por eso rechazamos la oferta, no porque se busque un beneficio económico o personal. El pago debe ser justo, insistieron.