Garantizar el aborto es un tema de salud pública, justicia social, derechos humanos y democracia. El único camino que queda en el país es seguir avanzado, coincidieron Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) e Ipas México, agrupaciones que expusieron que además de despenalizar el procedimiento deben existir condiciones para hacer efectivo el derecho.

Aydé García, directora de CDD, señaló a La Jornada que lo que sí es un pendiente y un desafío es que en los estados donde se ha despenalizado se tengan servicios de aborto efectivos y eficaces con presupuestos suficientes y que haya voluntades políticas para que la objeción de conciencia no se convierta en un obstáculo para los servicios de salud.

Acotó que en lo que queda del actual sexenio y en el siguiente, que encabezará Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, CDD se centrará en dos vertientes: por un lado, seguir avanzando en el tema de los cambios normativos y la despenalización del aborto, y por otro, la puesta en marcha, es decir, cómo hacer efectiva la ley para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que requieran un aborto.

Añadió que la expectativa es que en el sexenio de Sheinbaum Pardo podamos avanzar más aceleradamente en la despenalización y que al concluir su mandato lo esté en todos los estados.

Subrayó que a ello contribuirá que en los congresos haya mayoría del partido que se dice de izquierda, Morena, y CDD se centrará en generar un diálogo político constructivo en los estados donde falta la despenalización. Esto es cuestión de voluntad política, pero también ya es un deber de los legisladores y legisladoras y de las instancias del Estado, de avanzar en políticas públicas para el derecho al aborto.

Por su lado, Ipas México indicó que hasta julio de 2024, en 14 de las 32 entidades federativas, el aborto por solicitud es un servicio autorizado hasta el primer trimestre de la gestación (12 semanas), y posteriormente puede tramitarse en situaciones específicas o causales previstas expresamente en sus leyes penales.

Subrayó que la despenalización del aborto reduce las emergencias obstétricas y hospitalizaciones por procedimientos inseguros, mayoritariamente en contextos de criminalización. Añadió que este avance debe ir de la mano del conocimiento de los contextos de quienes tienen acceso a los servicios de interrupción del embarazo, para brindar atención enfocada en las necesidades de cada persona.

Consideró que este procedimiento obstétrico debería ser garantizado desde la Ley de Salud. Refirió que es muy seguro cuando se practica en condiciones adecuadas, pero cuando no es así puede tener graves efectos para la salud y la vida de las personas. La despenalización del aborto contribuye a respetar y garantizar los derechos humanos, la ética y la salud pública.