La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) prepara un paro nacional de actividades en juzgados y tribunales federales, y analiza la posibilidad de suspender las operaciones del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el que se almacenan, transmiten y difunden las informaciones relacionada con más de 600 mil expedientes que están en trámite de sentencia, resoluciones y recursos.

Funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) revelaron que la dirigencia de la Jufed, encabezada por la jueza Juana Fuentes Velázquez, pretende detener las actividades en todos los juzgados y tribunales, ya sea para el 16 de agosto, cuando se discuta en el Congreso la minuta de aprobación a la reforma judicial, o el día 19 de este mes.

La posibilidad de que suspendan la operatividad del SISE ha causado preocupación en algunos círculos del PJF, ya que podría causar afectaciones para quienes están relacionados con los más de 600 mil expedientes en trámite. La responsabilidad podría alcanzar a todos los involucrados en el sistema, incluyendo a la ministra Norma Lucía Piña Hernández.

Esas fuentes señalaron que se podrían configurar delitos que se consideran contra la seguridad de la nación, como motín y sabotaje, igualmente ilícitos cometidos contra la administración de la justicia.

De acuerdo con los declarantes consultados la actual dirigente de la Jufed ha sostenido reuniones virtuales con los magistrados y jueces que integran cada circuito del PJF y el lunes, indicaron algunos de los que estuvieron presentes, se informó que la organización respaldará cualquier modalidad en la que se ejecute el paro (total o parcial), pero tiene que existir consenso mayoritario (sic).

Sobre la suspensión del SISE se mencionó que no se cuenta con infraestructura para apagar el sistema y tampoco se puede ordenar al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que lo inhabilite.

Durante el encuentro de jueces y magistrados se hizo la sugerencia de que el paro inicie el día en que se apruebe el dictamen de la reforma judicial por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para que esto sea la justificación más palpable al exterior. Sin embargo, si en consenso mayoritario (sic) se elige una fecha distinta, la dirigencia avalará la decisión.

La postura de quienes han manifestado su apoyo a la suspensión de actividades es que el paro tiene que ser 24/7, ante el temor fundado de que el gobierno pueda enviar elementos para ingresar a los edificios cerrados.

Sin embargo, dijeron las fuentes consultadas, nos dicen que se debe permitir el acceso a los trabajadores de administración para que estén en condiciones de realizarse las nóminas y puedan cobrar sus salarios.

La voz generalizada de los representantes de los circuitos insiste en el 19 de agosto como fecha de inicio del paro, quedando pendiente definir la modalidad, total o parcial, hasta que se logre un consenso.

Las penas por los delitos en que incurrirán quienes inhabiliten el SISE, serán: por motín, de seis meses a siete años y multa de hasta 5 mil pesos a quienes lo cometan para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley; por el delito de sabotaje se impondrá una pena de dos a 20 años de prisión al que dañe, destruya, perjudique o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos, funciones de las dependencias del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, órganos constitucionales autónomos o sus instalaciones.

Asimismo, el delito de ejercicio indebido del propio derecho lo perpetra quien para hacer efectivo un derecho o pretendido derecho que deba ejercitar, empleare violencia y se le aplicará prisión de tres meses a un año o de 30 a 90 días de multa. En estos casos sólo se procederá por querella de la parte ofendida, refiere el Código Penal Federal.