Hermosillo, Son., El derrame de sustancias tóxicas procedente de la minera Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, que contaminó al río Sonora hace 10 años, dañó la salud de la señora Martha Patricia Velarde y sus dos nietos, originarios del municipio de Baviacora. Los tres se vieron obligados a salir del país para alejarse de la fuente de contaminación, contra la cual, a la fecha, aún no se elabora un plan de remediación efectivo.

Estudios realizados por laboratorios oficiales detectaron en los cuerpos de los descendientes de Velarde niveles alarmantes de plomo, aluminio y cobre, metales pesados que les afectaron su desarrollo mental y su sistema nervioso central; además, padecieron alopecia y requirieron medicamentos dermatológicos.

En entrevista, habitantes ribereños dijeron estar cansados de exigir justicia, luego de múltiples promesas de los gobiernos y funcionarios, por los graves perjuicios que padecieron a consecuencia del derrame de 40 mil metros cúbicos de una solución acidulada de sulfato de cobre al arroyo Tinajas del municipio de Cananea, que alcanzó al río Bacanuchi y posteriormente al río Sonora.

Martha Patricia resaltó que las dosdependencias más involucradas en la problemática y solución del derrame, la Comisión Nacional del Agua y el Instituto Mexicano del Seguro Social, no han aceptado la recomendación 50/2024 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en las que se pide apoyo a los perjudicados y remediación ambiental.

Anteponen las necesidades de Grupo México

“Las conclusiones aquí son contundentes –puntualizó Velarde–. El uso del agua debería ser prioritario para el uso doméstico y agrícola, pero las necesidades industriales de Grupo México han sido puestas por encima de nuestros derechos humanos”.

Por su parte, Humberto de Hoyos Félix, vecino de Cananea, repudió la explotación indiscriminada de recursos hídricos por la minera. “Después de agotar el río San Pedro, ahora tienen sus ojos puestos en los ríos Bacanuchi y Bacoachi.

“Están sacando un promedio de 50 mil metros cúbicos de agua, secando los ranchos. Queremos parar el huachicoleo de Germán Larrea”, propietario de Grupo México.

La frustración de los lugareños es palpable. La mina de Cananea no le da trabajo a Cananea. La gente le tiene miedo, , afirmó De Hoyos Félix. Es un consorcio con mucho dinero, y a veces sentimos que estamos peleando cuesta arriba por nuestros derechos, reprochó.

Según los afectados, las medidas tomadas hasta ahora no han sido suficientes. Los análisis médicos, ordenados sólo bajo presión judicial, se limitan a tratar los síntomas sin abordar las causas de la contaminación. Mientras estas causas no se eliminen, el problema continuará y esa simulación ya no puede ser posible, advirtieron.

Panchita Siqueiros, del municipio de Ures, sostuvo que vivir sin la certeza de tener agua limpia es un martirio diario, y deploró que destina sus pocos ingresos a comprar garrafones de agua para cocinar y beber, que le cuestan 315 pesos a la semana. Nos bañamos con agua de la llave, no tenemos estudios que nos garanticen que nuestros organismos no están contaminados, subrayó.

Festival para reclamar y hacer conciencia

El derrame ocurrido el 6 de agosto de 2014 se considera el peor desastre ambiental en la historia de la industria minera en México, y afectó a más de 22 mil personas en siete municipios de la cuenca del río Sonora: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures.

Perjudicados por el desastre celebraron en Hermosillo el segundo Festival por la Vida y el Agua del Río Sonora. Durante el evento, los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) reprocharon los daños que ocasionó el derrame de sustancias tóxicas.

Autoridades ocultaron el percance inicialmente

Recordaron que el percance inicialmente fue ocultado por las autoridades y por la empresa. Lamentaron que al no emitirse alertas inmediatas, el agua contaminada con metales pesados y ácidos fluyó libremente, afectando tierras, hogares y pozos. Las comunidades ribereñas comenzaron a sufrir enfermedades, y sólo entonces las autoridades admitieron los estragos al río Sonora y su entorno.

En un manifiesto, los habitantes de la sierra de Sonora apuntaron que únicamente han recibido promesas vacías, pues los compromisos de los gobiernos y la justicia no se han concretado.

De acuerdo con los CCRS, las víctimas exigen su derecho a la verdad y a un medio ambiente sano. Han visto crecer a sus hijos e hijas sin acceso a agua limpia ni a una salud plena, privándoles de un entorno saludable y de un futuro digno, acotaron.

Acusaron que a pesar de numerosas reuniones con autoridades, los esfuerzos por obtener justicia han sido infructuosos. Mencionaron que análisis de sangre y orina han confirmado la presencia de metales pesados en los residentes, y estudios del agua, suelo y aire han demostrado la persistencia de la contaminación.