Madrid. Carles Puigdemont, ex presidente de Cataluña y líder del partido independentista Junts per Catalunya (JxCat), anunció su intención de regresar a España, donde mi detención es una posibilidad real en muy pocos días, y que podría poner en jaque el acuerdo de investidura firmada entre el otro gran partido separatista catalán, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) con el Partido Socialista de Cataluña (PSC), que convertirá a su líder, Salvador Illa, en el futuro presidente de la Generalitat (gobierno autónomo de Cataluña).

El movimiento de Puigdemont ve con preocupación este acuerdo pues, según ellos, supondría el final definitivo del proceso de secesión que iniciaron en 2012 y cuyo momento más álgido fue en octubre de 2017, cuando decretaron la independencia de manera unilateral y fallida. Esto provocó la detención de una parte de sus dirigentes y la salida del país de la otra mitad, que se trasladó a vivir a Bélgica, Suiza y Gran Bretaña.

Tras confirmarse que el ERC respaldó en votación la propuesta de su dirección de apoyar la investidura del socialista Illa quien, a cambio y con la connivencia del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se comprometió a que Cataluña se convirtiera en una autonomía independiente en materia fiscal, con sus propias recaudaciones y sin tener que redistribuir su riqueza con el resto de las comunidades autónomas españolas, como ocurre ahora. Según Sánchez, se trata de construir la federalización de España.

Carles Puigdemont, quien concurrió a las elecciones del pasado 12 de mayo para volver al sillón de presidente de la Generalitat pero quedó en segundo lugar –muy por detrás del socialista Illa– ha intentado maniobrar para impulsar su propia candidatura. Durante la campaña electoral prometió que si no salía relegido presidente autonómico, abandonaría definitivamente su carrera política. De ahí, el mensaje que envió a sus seguidores en las redes sociales, en el que advierte que “la decisión de la militancia de ERC de investir al candidato socialista como presidente de la Generalitat hace que la detención sea una posibilidad real dentro de muy pocos días. Siempre he estado consciente de este riesgo, pero he preferido esperar a publicar este texto después de conocer la decisión de los militantes republicanos para que no se me acusara de chantaje emocional.

Si me detienen, no será la primera vez dice Puigdemont. He estado en una prisión alemana y en otra de Italia; he estado arrestado en una comisaría belga y he estado convocado por la policía antiterrorista francesa. Todo esto, claro, por orden del aparato judicial español. También critica la falta de resolución del presidente español de hacer valer la ley general de amnistía, creada ad hoc para él y el resto de dirigentes catalanes que se trasladaron a vivir a otros países para impedir ser juzgados por los tribunales españoles.

El hecho verdaderamente importante será la evidencia de que en España las amnistías no amnistían, que hay jueces dispuestos a desobedecer la ley y que el gobierno español lo observa con la indolencia del resignado. Y se hacen más aspavientos por la imputación de su mujer (en alusión a Begoña Gómez, esposa de Sánchez y acusada de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios) que cuando el Tribunal Supremo se niega a aplicar la única ley que se ha aprobado en esta legislatura, y la única ley de amnistía aprobada desde la entrada en vigor de la Constitución. Quien piense que eso no tendrá consecuencias, se equivoca.

Entre tanto, el socialista Illa ya inició movimientos para llevar a cabo su investidura en el pleno parlamentario, al comunicar al presidente de la Cámara autonómica, Josep Rull, ex consejero del gobierno de Puigdemont, que ya tiene los apoyos necesarios para sacarla adelante, con lo que sólo estaría a la espera de que se pusiera fecha.

Además, Illa confirmó que su intención es cumplir a rajatabla el acuerdo con ERC, a pesar de las numerosas voces críticas que han surgido en las filas de su partido en otras regiones, que ven en el pacto la transformación de raíz del actual modelo autonómico.