Bogotá. El gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional anunciaron un acuerdo para una prórroga técnica del alto el fuego que expiraba a la media-noche de ayer.

Ambas partes aceptaron la propuesta de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Conferencia Episcopal colombiana de prolongar el cese de hostilidades unas semanas más con el fin de evitar que se reactive el conflicto mientras se busca una solución a la grave crisis que atraviesa el proceso de paz, pues se encuentra estancado sin que se apruebe una hoja de ruta para las negociaciones.

Somos conscientes de que se ha ido agotando el tiempo para preparar las condiciones necesarias para la nueva prórroga y por esta razón, coincidimos con ustedes en la opción de hacer una extensión técnica del cese al fuego que nos permita desarrollar el encuentro de las jefaturas de las delegaciones, apuntó el gobierno.

Asimismo, la delegación gubernamental se mostró dispuesta a asistir a la reunión extraordinaria que, desde la ONU y la Iglesia, se busca organizar para que las dos partes zanjen sus diferencias y se pueda retomar el proceso, en que se han invertido años.

Exigen seguridad para los desmovilizados

Por otra parte, la Corte Constitucional de Colombia ordenó a los ministerios de Defensa y del Interior reforzar la seguridad de los guerrilleros desmovilizados en virtud del acuerdo de paz de 2016 firmado entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Asimismo, solicitó un informe sobre la situación actual de los dispositivos de seguridad en zonas del sur de la Amazonia, del noroccidente, suroccidente, nororiente, centro oriente y la Orinoquía, después de que en esta última área, en Miravalle, se detectaron riesgos para la comunidad de desmovilizados.

La sala advirtió que, pese a haber remitido información a la unidad especial de investigación (UEI) de la fiscalía sobre denuncias y conductas delictivas en contra de la población firmante del acuerdo, aún no se registran actuaciones judiciales relevantes, como imputaciones, acusaciones o condenas, que den cuenta de un verdadero esclarecimiento de estos hechos y de los fenómenos criminales en cada uno de estos territorios, advirtió la Corte.

Igualmente, emplazó al Ministerio del Interior a entregar informes sobre los avances en las garantías de protección para los firmantes de la paz y qué política pública se tiene al respecto.