Jueves 1º de agosto de 2024, p. 15
El Instituto Nacional de Migración (INM) ratificó al Senado los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a que el titular de este organismo, Francisco Garduño Yáñez, continuará en su encargo, toda vez que se están deslindando las responsabilidades en el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 indocumentados.
La determinación de su permanencia en el cargo se tomará una vez que se resuelva el proceso penal correspondiente, señaló el INM al dar respuesta a la solicitud de información sobre la situación que guardan las estaciones migratorias, formulada por el grupo de trabajo plural de seguimiento a este tema.
En el documento suscrito por el subcomisionado jurídico del instituto, Alejandro Tagle, se recordó además que el 30 de abril de 2023, un juez de control federal negó la petición que hizo la Fiscalía General de la República para separar a Garduño Yáñez de sus funciones de manera temporal.
Por lo que hace a la situación en que se encuentran las estaciones, el organismo indicó a los senadores integrantes del grupo que ha trabajado en la mejora y modernización de dicha infraestructura, a fin de garantizar la no repetición de hechos que atenten contra la integridad y vida de los migrantes.
Agregó que cuenta con 54 estancias provisionales, de las cuales 33 continúan suspendidas desde el 29 de abril de 2023 y el resto siguen en operación.
También resaltó que de manera paulatina se puso en marcha un programa integral de protección civil, que implica la instalación de puertas de emergencia; retiro de rejas; eliminación del uso de candados, cerraduras y barrotes en puertas y ventanas, así como la instalación de vidrio plástico, detectores de humo, tomas de agua para incendios y el retiro de rejillas de protección metálica de medallones y costados de 424 unidades vehiculares en los que se traslada a los indocumentados.
El oficio fue publicado ayer en la Gaceta Parlamentaria del Senado, pero con fecha del 13 de mayo pasado, y da cuenta de la actualización de los programas de capacitación en materia de derechos humanos y protección civil.