Ante la división de opiniones entre los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sigue sin definirse si Xóchitl Gálvez, ex candidata presidencial de PAN, PRI y PRD, calumnió a Morena al llamarlo narcopartido en el segundo debate presidencial, el pasado 28 de abril.

Aunque se tenía previsto que en la sesión de ayer se aprobara un fallo sobre el tema, el asunto fue retirado luego de que el magistrado Felipe de la Mata propuso revocar la sentencia de la sala regional especializada que acreditó la calumnia. Lo anterior, por omitir valorar si los dichos de Gálvez podían considerarse o no una opinión en temas de interés público y, por tanto, estar amparados en la libertad de expresión.

Consideró que además la sala especializada, que impuso a la hidalguense una multa de 32 mil 571 pesos por este asunto, violó el principio de exhaustividad.

Al discutir el proyecto, que surge a raíz de una impugnación de la ex candidata y del PRI, Reyes Rodríguez y Janine Otálora coincidieron en que si bien no se acredita la calumnia, se debió analizar el tema en el contexto del debate presidencial y no estrictamente en el de propaganda político-electoral.

Los debates, dijo Reyes, deben tener la más amplia libertad de expresión y protección. Felipe Fuentes manifestó discrepancia en lo expuesto por sus colegas y pidió ver el asunto con más calma.

En otros temas, en el contexto de la discusión de recursos de reconsideración de PRI, PRD y PVEM, que impugnaron cómputos de diputaciones y senadurías, la sala superior dejó firmes las sentencias de sus pares en Monterrey y Xalapa, en las que se confirma la declaración de validez para la elección de senadores de mayoría relativa en Nuevo León y Campeche, respectivamente.

El pleno avaló también los cómputos de diputaciones federales en los distritos 07 y 17 en el estado de México; 01 en Pánuco, Veracruz, y 05 en Coahuila.

Asimismo, aprobó desechar un recurso de Xóchitl Gálvez en el que señalaba una presunta omisión de la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral, de sustanciar 393 quejas relacionadas con los comicios presidenciales.

Aunque Reyes –a cargo del proyecto– y Otálora planteaban que hay interés jurídico en el asunto por parte de la hidalguense y pedían a la citada unidad que a la brevedad se tramitaran seis quejas pendientes de instrucción, el resto de los magistrados se pronunció en contra.