l titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, sostuvo que la administración saliente entrega a la entrante un equilibrio en las finanzas públicas en el que destaca un nivel de deuda de 48.6 por ciento del producto interno bruto (PIB), uno de los más bajos entre las 20 mayores economías del mundo. El aumento de sólo 4.9 puntos del PIB respecto al 43.7 por ciento que se registró en diciembre de 2018 se logró gracias a que México no siguió recetas ortodoxas, sino que diseñó un manejo financiero adaptado a la realidad nacional que le permitió no sólo reducir el ritmo de endeudamiento, sino también destinar 5 billones de pesos al impulso del desarrollo nacional y ejercer el mayor gasto social de la historia en beneficio de los sectores más desfavorecidos. En contraste, durante el calderonato el incremento fue de 7.4 puntos porcentuales, y en el peñato ascendió a ocho puntos, sin que la contratación de créditos se reflejara en beneficio alguno para las mayorías.
La contención de la deuda no sólo fue cuantitativa, sino también cualitativa: pasaron de 7.3 billones de dólares en promedio a sólo 900 millones de dólares los débitos contraídos con organismos financieros internacionales que acostumbran condicionar sus préstamos a la adopción de reformas lesivas para los intereses nacionales. Es decir, en este sexenio, y pese al inédito desafío que representaron la pandemia y sus secuelas, se consiguió de manera simultánea mantener la deuda en niveles saludables, apuntalar la soberanía nacional y aplicar los recursos del Estado a la construcción de la justicia social.
Junto con la racionalización del gasto gubernamental (la denominada austeridad republicana), el pilar de tales avances ha sido la lucha frontal contra la evasión y el fraude fiscal, en particular los perpetrados por los grandes contribuyentes: las 11 mil empresas que declaran ingresos anuales superiores a mil 500 millones de pesos. Para dimensionar la cifra, puede referirse que un trabajador que gana 15 mil pesos mensuales tardaría 8 mil 300 años en reunir esa cantidad. Este puñado de compañías, que concentra la mayor parte de la riqueza generada en México, fue favorecido por los gobiernos neoliberales con sistemáticas condonaciones de impuestos que privaron al país de los ingresos necesarios para invertir en el bienestar de la población. El simple hecho de cobrarles lo que marca la ley, sin crear ni aumentar un solo tributo, llevó a las arcas públicas mil 381 billones (millones de millones) de pesos, 106 por ciento más de lo recaudado en el sexenio anterior.
La eficiencia en la recaudación se ha traducido en mejoras tangibles para las clases populares y medias: hasta mediados de 2023, 5 millones de personas superaron la condición de pobreza, con lo que, por primera vez en la historia, menos de 40 por ciento de los mexicanos padece este flagelo. Este año, la pobreza laboral (condición en que los ingresos provenientes del trabajo no alcanzan para costear las necesidades básicas) cayó a 35.8 por ciento, el menor nivel desde que se registra este indicador. Además, entre 2018 y 2022, cada día 3 mil 800 personas superaron la pobreza por ingresos, un verdadero hito si se considera que a lo largo de toda una década, mil 700 personas caían en esa situación cada 24 horas. La mejoría en la calidad de vida es avalada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual reconoció que México avanzó seis posiciones en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el cual mide la esperanza de vida al nacer, educación e ingreso por habitante.
Con estos datos, cabe congratularse de que Ramírez de la O siga al frente de la SHCP y de que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, haya ratificado reiteradamente su intención de dar continuidad a la política de desarrollo del actual gobierno federal. Asimismo, es inevitable preguntarse cuánto más se pudo haber avanzado si jueces y ministros de la Suprema Corte no hubiesen protegido a evasores fiscales y saboteado las obras de infraestructura estratégica a lo largo de estos seis años.
