esulta sumamente desafortunado que el gobierno mexicano siga a la espera de que el estadunidense le informe de lo supuestamente sucedido en el caso de los dos relevantes personajes acusados de formar parte de las élites del crimen organizado que terminaron aterrizando en Texas en algo que aún no se sabe si fue detención, secuestro o entrega, aunque todos los indicios apuntan a esta última opción.

Hasta ahora no hay un relato más o menos hilado y aceptable sobre tan delicados hechos. El gobierno mexicano ha dado información sobre el tipo de avión y el piloto presuntamente utilizados, aunque posteriores indicios apuntan en otro sentido. Ayer, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien fue secretario federal de Seguridad Pública, negó que desde Hermosillo hubiera despegado algún vuelo relacionado con el caso de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López, como con insistencia se había mencionado en otras versiones.

Así que, a seis días de la extraña caída aérea de los dos capos de dispar talla (Zambada, histórico; Guzmán, júnior), la versión más sostenida por los gobiernos de México y Estados Unidos sigue instalada en una presunta traición del segundo al primero, aunque hasta ahora no ha habido ninguna reacción vengativa por parte del bando supuestamente traicionado. Todo fluyendo como si fuera un gran acuerdo, no sólo en la esfera de tales narcotraficantes.

La ejecución del dirigente de las cámaras de comercio de Tamaulipas tiene como contexto inmediato las denuncias hechas por el ahora asesinado respecto a la sistemática extorsión (cobro de piso) que se vive en esa entidad por parte de grupos criminales, organizados o no (denuncias, por cierto, exaltadas por el ex gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca).

Tales señalamientos, a su vez, tienen como reciente expresión más ruidosa la del cierre en Nuevo Laredo de 191 establecimientos de las tiendas de conveniencia Oxxo y sus estaciones de servicio Oxxo Gas, pertenecientes al consorcio Fomento Económico Mexicano (Femsa), cuyo consejo de administración es presidido por José Antonio Fernández Carbajal, apodado El Diablo, uno de los líderes empresariales de primer nivel con mayor encono respecto a las políticas de Andrés Manuel López Obrador.

De tales extorsiones había hablado apenas este lunes Julio César Almanza Armas, presidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio (Fecanaco). Ayer mismo seguía dando entrevistas de prensa, antes de que en Matamoros fuera asesinado a balazos a bordo de su camioneta, frente a las oficinas de esa representación de comerciantes.

El aparatoso cierre de las casi dos centenas de tiendas Oxxo en Nuevo Laredo fue tomado en ámbitos del gobierno del estado como una especie de golpe político, que trataría de magnificar la inseguridad pública que se vive en Tamaulipas, donde el gobernador morenista Américo Villarreal poco ha podido hacer (como tampoco lo hicieron sus antecesores, priístas y panista, sometidos o cuando menos tolerantes ante los grupos criminales dominantes), concentrado más en la colocación de sus familiares en cargos administrativos y de representación popular.

En otro tema: la virtual presidenta electa mantiene continuidad en la postura obradorista de separación entre familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y sus abogados: me plantearon reunirnos con los abogados, (pero) les dije que yo prefería seguirnos reuniendo con ellos, con los padres y las madres, porque es distinto siempre reunirse directamente con las víctimas que solamente con los abogados.

A juicio de este tecleador, no corresponde a los titulares de poderes del Estado determinar la forma en que puedan y deban defenderse y asesorarse quienes son víctimas acusatorias de abusos de ámbitos de ese mismo Estado (en el caso, sobre todo, el poder militar). No es la Presidencia de la República, ni la saliente ni la entrante, la instancia que debe excluir a abogados e instancias de defensa de derechos humanos a quienes los familiares han reiterado respaldo, como acompañantes confiables en su larga lucha. ¡Hasta mañana!

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