Madrid. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, decidió acogerse a su derecho a no declarar y no responder así las preguntas del juez instructor del caso, Juan Carlos Peinado, de la fiscalía ni las acusaciones particulares en su comparecencia en calidad de testigo y de esposo de Begoña Gómez, en el caso abierto contra ella por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El mandatario español decidió minutos después de su histórica comparecencia presentar una querella por prevaricación contra el juez Peinado y lo hizo a través de la Abogacía del Estado.

El juez decidió tomar la declaración a Sánchez en el palacio de La Moncloa, la residencia oficial de la presidencia del gobierno, con lo que se convirtió en el primer mandatario español en el ejercicio que es sometido a una declaración de este tipo, en su caso por una investigación judicial y policial abierta contra su esposa a raíz de una denuncia presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias.

Sánchez intentó primero responder por escrito, apelando a su cargo público, pero al ser rechazada esa condición, se llevó a cabo el interrogatorio en su oficina, y duró apenas unos minutos ante la negativa de Sánchez a responder las preguntas, como permite la ley para no afectar a los intereses de su cónyuge o familiar.

Juez en entredicho

La abogada y responsable jurídica de Vox, Marta Castro, presente en el interrogatorio, relató que Sánchez eludió contestar todas las preguntas, no sólo aquellas directamente relacionadas con su mujer. El señor Sánchez se ha acogido a su derecho a no declarar. A nuestro juicio, ese derecho le acogería en el caso de su cónyuge, pero en ningún caso en relación con los otros dos acusados, que son el rector de la Universidad Complutense y el empresario Carlos Barrabés.

Después de la comparecencia, la Abogacía del Estado presentó una querella por prevaricación contra el juez Peinado, en representación de Sánchez, que de prosperar podría suponer el final de la carrera profesional del magistrado, a quien la mayoría de los miembros del gobierno han acusado de instruir un proceso con fines políticos y sin fundamentos.