La mayoría de los proyectos mineros, de agua y turísticos que se han levantado sobre tierras ejidales y comunales son ilegales, ya que se han realizado sin el aval de asambleas y sin la consulta indígena, se alteran actas y no se respeta la decisión de los comuneros, son pocos los que han cumplido con las normas, advierte Francisco López Bárcenas, autor del libro ¡La tierra no se vende!

En la minería hay 5 mil 500 concesiones en territorios indígenas y puedo asegurar que todas son ilegales, no se hizo consulta para entregarlas. Cuando comenzó el actual gobierno federal, se dijo que no había impacto por la suspensión de la entrega de concesiones mineras, porque tienen tantas, para unos 50 años, agrega.

En entrevista sobre el texto editado por el Colegio de San Luis y Conahcyt, el también colaborador de La Jornada recuerda que las reformas constitucionales de 1992 le quitaron el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible a la propiedad ejidal y comunal para que entrara al mercado. A pesar de ello, la tierra aún es propiedad ejidal y comunal, bajo el control de sus propietarios.

A partir de entonces comenzó una ola de reformas legales e institucionales que llevaron a cambios en las políticas públicas para que las tierras, sus bienes naturales y los alimentos que producen los campesinos quedaran a merced de los intereses de los dueños del capital, indica López Bárcenas, abogado experto en temas indígenas e investigador del Colegio de San Luis.

Precisa que las limitantes actuales para que la propiedad ejidal y comunal entre al mercado son la realización de dos asambleas en las que los comuneros autorizan la transacción de su tierra, esto en la práctica se complica porque los ejidatarios no están, migraron, y hay ejidos muy grandes. Es muy difícil juntar a todos los ejidatarios.

Ha pasado que cuando se ha vendido la tierra ejidal y comunal para proyectos fue porque se simularon las asambleas y no reunieron los requisitos legales. Si se revisan, muchas de esas tierras son ocupadas de manera ilegal. Hay algunos ejidos a los que ha convenido hacer negocio con las empresa, pero otros han comprado a los comisariados ejidales y éstos han firmado sin tener facultades para ello. A esto se suma que las consultas a los pueblos han sido simuladas.

Agrega que, por eso, cuando los ejidos deciden emprender una acción siempre ganan, pues la operación fue ilegal. Una buena política sería revisar las presuntas autorizaciones ejidales y comunales, se echarían abajo proyectos. Hay algunas empresas, las más pequeñas, que sí se ocupan de cumplir con la regulación para evitarse problemas, precisa.

Considera que el problema es con las leyes secundarias, como la minera y la de aguas nacionales, la Constitución es buena y si se aplicara la legislación internacional, si se respetara aquí el estado de derecho, muchos conflictos se hubieran evitado.

Precisa que generalmente no se cumple la consulta ni los requerimientos de asamblea, tampoco se respeta cuando la asamblea dice que no, es el caso de Capulálpam de Méndez, Oaxaca. Tienen actas de asamblea donde dicen que no quieren la minera Natividad, las han entregado a todas las autoridades, pero nadie les hace caso.

En el libro, López Bárcenas sostiene que la estrategia para despojar a los pueblos es reformar el Estado para poner las leyes, las instituciones y las políticas gubernamentales al servicio del capital privado, mexicano y transnacional.