a situación de vseguridad pública y ciudadana se sigue deteriorando en el estado de Chihuahua. Apenas el jueves pasado por la madrugada fue ultimado afuera del Cereso uno de la capital del estado, minutos después de ser liberado, El Largo, líder de un grupo criminal, junto con dos acompañantes que fueron a recibirlo, además fue lesionado un policía municipal que iba de escolta. A principios de esta semana, otro líder criminal apareció estrangulado con su propio pantalón en la celda que ocupaba en el mismo penal.

Los centros de reclusión han constituido un espacio privilegiado por los criminales para llevar a cabo sus venganzas y represalias, desde el jueves negro, el 11 de agosto de 2022, fueron asesinados dos custodios del Cereso y nueve civiles en calles y negocios de Ciudad Juárez, por grupos criminales que causaron terror en la frontera. Después, el 1º de enero de 2023 fueron asesinados 10 custodios y siete personas que se encontraban privadas de la libertad en el mismo centro penitenciario (https://bit.ly/4fbBzud).

El gobierno del estado no ha podido detener la inseguridad en Chihuahua. A lo largo de junio hubo un claro incremento de la violencia en todo el estado pues hubo 195 homicidios dolosos, 99 en Juárez y 53 en la capital del estado, donde hace 76 meses no se alcanzaba una cifra semejante. A mitad del año la cifra de asesinatos supera ya mil 100 y, de seguir así, en un año se va a superar la cifra de 2023, misma que ya rebasó en otros delitos como la extorsión y el secuestro.

No puede decirse que la violencia sólo toca a los que andan metidos en algo. La desaparición de mujeres jóvenes es una pesadilla que continúa. El caso más reciente: hace unos días desapareció una muchacha de Juárez que regresaba de presentar su examen de admisión en la normal rural de Saucillo.

El deterioro de la seguridad ciudadana en el estado lo corrobora el informe: Índice de paz en México 2023. Según esta investigación, en 2023 la paz en México mejoró 1.4 por ciento, y los cinco marcadores del índice de paz registraron mejoras. La paz aumentó en 15 estados y disminuyó en 17. El año pasado marcó el cuarto año consecutivo de mejora. Esto estuvo precedido por fuertes deterioros de 2015 a 2019. La mejora en 2023 se debió principalmente a una reducción de los homicidios, con una tasa que cayó 5.3 por ciento, la segunda mayor mejora desde 2015 (https://bit.ly/4cQGpLL).

El mismo estudio señala que en 2023 hubo mejoras notorias de paz en Zacatecas, Michoacán, Durango, Sonora y Tabasco. En contraste, cinco entidades mostraron los mayores deterioros: Morelos, Sinaloa, Quintana Roo, Chihuahua y Nayarit. Chihuahua es también de los cinco estados con mayor número de homicidios en 2023.

Durante el año pasado en esta entidad norteña aumentaron el miedo a la brutalidad, los delitos cometidos con arma de fuego y los cometidos con violencia. El número de incidentes por 100 mil habitantes se elevó a 2 mil 236, aumento de 3.6 por ciento. Además, la tasa de asaltos se elevó a 8.1 por ciento; la de violencia familiar, 3.7 por ciento y la tasa de secuestros y trata de personas se incrementó 61.5 por ciento. Debido a esto, Chihuahua cayó dos lugares en el nivel de paz en la República en relación con 2022 para ocupar ahora el puesto 25.

La elevación del índice de homicidios y de delitos graves es casi proporcional al dinero gastado por el gobierno del estado en atacar las manifestaciones –que no las causas sociales– de la inseguridad. El más reciente gasto: ha arrendado por 2023 y 2024 dos helicópteros Bell a un costo de 64 millones de dólares para formar parte de la Plataforma Centinela que costará 4 mil 710 millones de pesos. La torre que será el pilar de dicha plataforma contará con más de 20 pisos, pero apenas lleva seis y en obra negra, y en obra negra se consumirá el sexenio.

Mientras los verdaderos delincuentes siguen haciendo de las suyas y se burlan de torres y de helicópteros, el aparato judicial del gobierno del estado se orienta a fabricar culpables a partir de supuestas faltas administrativas; por ejemplo, al ex gobernador Javier Corral y a varios de sus ex colaboradores con el apoyo mediático de un puñado de empresas periodísticas y manejadores de bots a quienes ha pagado en lo que va del sexenio más de lo que ha destinado a la reducción de la pobreza en la Sierra Tarahumara.

Todo esto pone de manifiesto que la inseguridad y el delito no se combaten con la estrategia –y es mucho conceder– de los billetazos, que en la base de todo programa para construir la paz sólida y duradera no están los negocios privados, sino una ética pública a toda prueba.