Un tribunal colegiado dio luz verde para juzgar a Emilio Lozoya Austin por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos ilícitos en el caso Odebrecht, pero sin que se tomen en cuenta las pruebas financieras aportadas por las autoridades de Brasil y Suiza a la Fiscalía General de la República (FGR), con las que se pretendía demostrar la responsabilidad penal del ex funcionario.

El tercer tribunal colegiado en materia penal, con sede en la Ciudad de México, desechó un recurso promovido por Petróleos Mexicanos (Pemex) y con ello se deberá citar, en fecha por definir, al comienzo del juicio contra Lozoya.

Pemex interpuso un recurso con el fin de que se usaran en el juicio pruebas financieras que acreditaban la entrega de sobornos por parte de la constructora Odebrecht a Lozoya entre 2012 y 2015, pero su queja fue declarada infundada por unanimidad de los magistrados que integran el tribunal.

En etapas previas del proceso, el Ministerio Público Federal señaló que los recursos recibidos por Lozoya ascendían a 10.5 millones de dólares, pero los peritajes oficiales concluyeron que las probanzas obtenidas referían un monto de 7.3 millones.

Entre lo excluido por el tribunal está la “información bancaria remitida por la Confederación Suiza, obtenida el 20 de septiembre de 2018, vía asistencia jurídica internacional, y su respectiva traducción –del 6 de noviembre de 2018–”.

Asimismo, los “comprobantes bancarios de las transferencias de recursos de las offshore de Odebrecht a las empresas Latin America Asia Capital Holding y Zacapan, obtenidos mediante solicitud de asistencia jurídica internacional y remitidos por el Ministerio de Justicia de Brasil”.

En marzo de 2023, el juez federal Gerardo Genaro Alarcón aceptó como válidas 12 pruebas completas presentadas por la FGR contra ex director de Pemex; 12 en forma parcial y desechó 24. Entre ellas, varios peritajes contables con los que el Ministerio Público Federal pretendía obtener una sentencia de 46 años contra Lozoya Austin.

La defensa del ex funcionario logró que se desecharan en primera instancia esas 24 pruebas, al acreditar que el Ministerio Público Federal las obtuvo de manera ilegal y se violó el secreto bancario. Además, estableció que se consiguieron ilícitamente los comprobantes de transferencias financieras realizadas por empresas fantasmas, controladas por Odebrecht, a dos compañías fachadas propiedad de Lozoya.