El llamado Frente Amplio de Renovación (FAR), integrado por priístas opositores a Alejandro Moreno, presentó ayer ante el Instituto Nacional Electoral (INE) un amicus curiae para informar a dicho organismo sobre diversos hechos violatorios de la Constitución, las leyes electorales y los estatutos del PRI que se habrían cometido en la asamblea nacional de ese partido del pasado 7 de julio, en la cual se aprobaron modificaciones que permitirían la extensión del mandato de Alito como líder del tricolor.

De acuerdo con la definición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un amicus curiae es un informe técnico que presentan personas ajenas a un litigio, pero que tienen interés en la materia, con la intención de brindar argumentos para la resolución de un asunto, proporcionar información sobre el caso o alertar sobre posibles efectos de una decisión.

En un boletín, el FAR señaló que el documento fue presentado a través de los ex gobernadores José Natividad González Parás (Nuevo León) y José Reyes Baeza Terrazas (Chihuahua), además de las corrientes de opinión partidistas Plataforma PRI, Movimiento Líder, Alianza Generacional y cientos de priístas más.

De acuerdo con los mencionados grupos, de forma engañosa y oscura, la dirigencia del PRI encabezada por Alejandro Moreno convocó a la realización de una asamblea nacional el pasado 3 de julio, cuando no habían siquiera pasado 24 horas de las elecciones.

Dicha asamblea es absolutamente ilegal, ya que sólo podía ser convocada y realizada al término del proceso electoral, es decir, cuando ya se hubieren resuelto las impugnaciones al mismo, lo cual no ha sucedido.

“Con la máxima prisa, y sin llevar a cabo un ejercicio de reflexión que permitiera entender las causas de la debacle electoral del PRI, se llevó a cabo la modificación de los estatutos con el único propósito de permitir la ilegal relección de Moreno y sus seguidores.

Con la misma prisa se convocó al cambio de dirigencia, basándose en los artículos modificados en la ilegal asamblea nacional, los cuales no han sido validados ni autorizados por el INE como la ley exige, añadieron los grupos firmantes del comunicado.