n el Poder Judicial (jueces, magistrados y ministros) la tortuga de la justicia tiene patas de corrupción, porque así como es extremadamente lenta (por falta de estímulos) para desahogar expedientes y dictar sentencia a los de a pie, es más rápida que una saeta (por exceso de estímulos) cuando se trata de liberar, vía sabadazos, a narcotraficantes, sicarios, evasores fiscales, lavadores de dinero y demás integrantes del crimen (organizado y de cuello blanco).

Dos ejemplos concretos se revelaron y reiteraron en la mañanera de ayer: a) jueces que facilitan la salida de personas privadas de la libertad en fines de semana (192 en lo que va del sexenio) y b) la exasperante dilación de jueces, magistrados y ministros en otorgar audiencias para resolver delitos fiscales (léase evasión) en contra de grandes corporativos y sus respectivos dueños. Son casos en los que resulta obvio el exceso de estímulos (léase corrupción).

El primero de los ejemplos lo detalló así el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio: de 2018 a 2024, el Poder Judicial liberó a 192 personas privadas de la libertad entre viernes y domingo, mientras de lunes a jueves, es decir, entre semana, sólo a 58. El total que tenemos es de 250. Si observamos la numeralia, vemos que incluso en 2019, por algún motivo, fueron 89 los favorecidos con este tipo de libertades; en los primeros años del sexenio no había liberados entre semana, todos en fin de semana. Son personas privadas de su libertad de penales federales y por delitos federales (falta el inventario de los estados).

Se observa, por algún motivo, dice Bucio (que puede ser por presión, eufemismo por corrupción), comienza a cambiar el número de personas liberadas entre semana. Queda claro que en el Poder Judicial algo pasa y todas las liberaciones suelen ser en precisamente fin de semana, que es cuando no se puede revisar rápidamente si alguno de los liberados tiene en alguna fiscalía estatal otra carpeta de investigación.

De acuerdo con el subsecretario, ejemplos de “jueces facilitadores son los siguientes: Gregorio Salazar Hernández benefició a Jannet Miriam (ex titular del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social), colaboradora de Genaro García Luna; Andrés Escamilla González favoreció a Vicente Javier N, integrante de un grupo de secuestradores encabezado por el cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho; Enrique Hernández Miranda liberó a Juan Luis N, alias La Yegua, del cártel del Mar; Adrián Leobardo Ríos González, ayudó a José Eliseo N, del grupo Los Zetas; José Miguel Moreno Castillo facilitó la salida de Martín N, del cártel del Noreste; Arturo Cipriano Garza de León soltó a Alán Ervey, Comandante Cano, del cártel de Sinaloa.

Esos y 19 casos más de jueces facilitadores que, entre otros, en sabadazos liberaron a integrantes de la banda de secuestradores Los Mexicles, del cártel Jalisco Nueva generación, los Caballeros Templarios, Guerreros Unidos, Fuerza Antiunión Tepito, de los cárteles de Santa Rosa de Lima y del Golfo, traficantes de migrantes y muchos más.

Sobre el otro ejemplo citado (el b), ayer el presidente López Obrador insistió en la denuncia en contra de 13 corporativos que adeudan al fisco alrededor de 130 mil millones de pesos, todos protegidos por el Poder Judicial para evitarles el pago al Servicio de Administración Tributaria (SAT). No dejó de lado el de este famosísimo ministro (Luis María Aguilar Morales), quien deliberadamente protege a un deudor de miles de millones de pesos a Hacienda (Ricardo Salinas Pliego).

Para empezar, dijo el mandatario, desde el punto de vista legal del procedimiento, no tenía por qué llegar a la Corte el expediente, pero llega y lo atrae el ministro (Aguilar Morales), y en vez de empezar a estudiarlo para resolver si procedía que se tratara el caso en la Corte, como él sabe perfectamente que no es competencia de la Corte, lo sabe porque es abogado y no se necesita ser una eminencia, lo que hace es guardarlo para ganar tiempo y esperar a ver qué pasa. Lo metió al cajón de su escritorio y ahí lo mantuvo durante 10 meses, o más. Y es la fecha que Salinas Pliego no paga. Entonces, no hay que permitir la asociación delictuosa entre autoridades y delincuentes.

Las rebanadas del pastel

A pesar de esa asociación delictuosa, el SAT informó que en el transcurso de la presente administración ha recaudado 3.4 billones de pesos por auditorías y promoción de cumplimiento, un incremento real de 113.4 por ciento respecto del sexenio anterior.

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