Felipe de la Mata Pizaña, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), perfila confirmar que el presidente Andrés Manuel López Obrador vulneró la neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda en cuatro conferencias matutinas de febrero de este año, así como otros funcionarios de su gabinete y directores de diferentes áreas de la vocería de la Presidencia.

El proyecto de sentencia que hizo público el magistrado y que el pleno de la sala superior podría discutir el próximo miércoles propone confirmar la sentencia de la sala regional especializada aprobada el pasado 4 de julio. Sería la segunda resolución de la máxima instancia electoral que ratifica la violación de estos principios constitucionales por el titular del Ejecutivo Federal con expresiones en periodo prohibido.

La sentencia de la sala especializada refiere que en las conferencias del 6, 7, 8 y 9 de febrero de este año, el mandatario vulneró dichos principios porque hizo un llamado expreso a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, para reflexionar su voto, recordando hechos de los dos procesos anteriores, en los que, aseguró, el PRI y el PAN cometieron fraude electoral.

Además, en la conferencia del 7 de febrero, el presidente López Obrador intervino para señalar que las actuales personas legisladoras están al servicio de la oligarquía y que van a rechazar las iniciativas, pero que viene la elección y la gente debe saber que no sólo hay que votar por los candidatos o partidos, sino que hay que votar por el proyecto de nación, detalla la sentencia.

También se indica que estas declaraciones se emitieron en etapa de intercampaña, por lo que era relevante que el titular del Poder Ejecutivo actuara con mesura, conciencia y prudencia discursiva para evitar alguna postura o manifestación oficial que pudiera influir en las preferencias electorales.

El documento agrega que el secretario del trabajo, Marath Baruch Bolaños, también violó las reglas de propaganda gubernamental porque aseveró que la reforma a la Constitución es en beneficio de la ciudadanía y requiere las dos terceras partes de los votos en el Congreso. Hizo un llamado a acompañar estos cambios, lo cual benefició a Morena y los partidos aliados.

Por estas violaciones también se propone confirmar que funcionarios de la Presidencia incurrieron en uso indebido de recursos públicos por realizar grabaciones en video del titular del Ejecutivo para ponerlas a disposición de los medios de comunicación mediante la señal satelital, así como de quienes administran las cuentas oficiales del gobierno en las redes sociales y plataformas.

En tanto, al considerar que la resolución que responsabiliza al presidente López Obrador de usar indebidamente los programas sociales y coaccionar el voto parte de consideraciones banales y no están sustentados en pruebas, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) presentó un recurso de revisión para que la sala superior del TEPJF revise el expediente.

La CJEF acusa que en la resolución de la sala especializada sobre las conferencias del 9 y 11 de mayo no existe precisión sobre el programa social específico utilizado de forma indebida en la elección. Tampoco se describe cómo se materializó el condicionamiento del programa para inducir al voto, de ahí que resulte irresponsable que un órgano jurisdiccional supuestamente imparcial e independiente realice afirmaciones que no estén sustentadas en pruebas y sólo se hagan acusaciones basadas en la imaginación de los juzgadores.

Con información de Alonso Urrutia y Emir Olivares