Después de que trascendiera que una reciente decisión administrativa en el seno del Poder Judicial permitirá a todo el personal retirar recursos de los fondos que poseen, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Congreso y a la Auditoría Superior de la Federación atender con urgencia esta situación, porque son los responsables de revisar el ejercicio del presupuesto y en muchos casos se tardan hasta dos años en hacer estas revisiones.

López Obrador dijo que al menos deben pronunciarse sobre la legalidad de la decisión, si es válida, si es legal o no. Puede ser que sea legal. Inmoral, sin duda, porque los fondos de ahorro especial de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial son elevadísimos. En muchas ocasiones estas medidas pretenden usar de parapeto a los trabajadores, pues dentro del Poder Judicial los montos entre un trabajador de base y un juez, magistrado o ministros son muy diferentes, hay nivelitos.

El mandatario consideró que, con esta determinación lo que están llevando a cabo es que ya se están repartiendo los fondos del fideicomiso, para que cuando se lleve a cabo la reforma, si es que se aprueba, ya no tenga dinero.

Asimismo, insistió a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, explique las razones y los términos en que se efectuó la reunión con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en pleno proceso electoral y expresó su extrañeza de que en las tres entrevistas que ha concedido, no le preguntan de ese encuentro, hay un silencio cómplice.

En su conferencia mañanera, mencionó que nadie le pregunta por qué se reunió con el presidente del PRI en una cena, o al otro ministro, que es su asesor (Juan Luis González Alcántara) Carrancá, porque fue en su casa, una residencia en las Lomas. ¿Por qué no le preguntan? ¿O por qué ellos no informan? ¿Qué no tienen la obligación de dar a conocer sobre asuntos de interés público? ¿Por qué se quedan callados?.