Buenos Aires., Treinta años después del cruento atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos, centenares de heridos y daños millonarios, el juicio continúa sin cerrar y en el acto oficial el presidente actual de ese organismo, Amos Linetzky, pidió al gobierno nacional que la causa por el atentado se convierta en una cuestión de Estado, reprochando que falte un juez para un hecho emblemático de la historia judicial, y pidiendo por la liberación de los secuestrados en Israel por la organización Hamas.

Es un bochorno que todavía no haya un juez designado, debido a que se cumplen 30 años de tantas preguntas sin respuesta, y que la verdad de lo sucedido está en la causa desde que se estableció que la responsabilidad del atentado es de (la milicia libanesa pro iraní) Hezbollah y de Irán, dijo Linetzky, aunque hasta ahora no existe ninguna prueba de esta acusación, y los sectores más fundamentalistas israelíes se han convertido en el obstáculo principal cuando se intenta indagar a fondo las responsabilidades sobre este hecho.

La misma noche del atentado, la inteligencia israelí del Mossad lo atribuyó, sin aportar pruebas, a Irán y lo continuó haciendo, incluso presentando testigos falsos lo que no se pudo sostener.

Además, el presidente de la AMIA aprobó la decisión del gobierno del presidente ultraderechista, Javier Milei, quien recientemente declaró a Hamas organización terrorista.

Linetzky también solicitó al Congreso que avance con la ley de juicio en ausencia, que propuso el gobierno de Milei, para juzgar a los presuntos responsables del atentado, funcionarios diplomáticos y de alto nivel de Irán.

Sorprendió además el ataque que dirigió a las organizaciones feministas, reclamando que no se manifestaron con contundencia tras la incursión de Hamas en Israel, el pasado 7 de octubre, al aludir a un video en el que supuestamente aparecen mujeres violadas y niños degollados durante ese ataque, y sobre el que existen muchas dudas.

El presidente estuvo en el acto acompañado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, y parte de su gabinete, pero no hubo discursos oficiales aunque antes promulgó la ley que declara al 18 de julio Día de Duelo Nacional, en homenaje a las víctimas de la AMIA.

Por su parte, la agrupación Memoria Activa de familiares de las 85 víctimas rechazó la iniciativa del gobierno de impulsar el juicio en ausencia contra los acusados iraníes por temor a que se utilice solamente para confirmar el interés de una hipótesis oficial sin pruebas suficientes.

Urge la verdad

Diana Wassner, viuda de Andrés Malamud, quien murió en el bombazo en las inmediaciones de la mutual, sostuvo que el oficialismo presentó ese proyecto de ley para cerrar la causa sin verdad y sin justicia, y con el único objetivo de buscar una sentencia a medida.

Fue muy importante la declaración de esta agrupación al advertir que fue un atentado que se encubrió desde el poder. Además, reclamaron la liberación de los secuestrados por Hamas y por el fin de la guerra entre Israel y Palestina, mientras se expresaron hartos de los infinitos tiempos de la justicia.

Todo esto profundiza el tenso marco que se vive en el país, a lo que se añadió por la tarde de ayer la reacción de la república islámica, que se conoció aquí, como las declaraciones del portavoz de la cancillería iraní, Naser Kananí, quien aseguró que el descubrimiento de la verdad y la solución definitiva de este caso sólo es posible si las partes involucradas en Argentina se alejan de los intereses políticos, y no se ven afectadas por la influencia y la intervención de terceros.

Instó a las autoridades argentinas a evitar declaraciones y acciones antiraníes y pidió que no pongan en riesgo los intereses nacionales de Argentina y los beneficios de las relaciones bilaterales, prestándose a las intrigas israelí-estadunidenses.

Oficialistas visitan en la cárcel a criminales de la dictadura

Por otra parte, el gobierno argentino quedó envuelto en un nuevo escándalo luego de que diputados oficialistas visitaron en la prisión a emblemáticos represores condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983).