El plan de vivienda que emprenderá el gobierno de la futura presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no debe ser motivo de preocupación, pues no hay ningún atentado contra la propiedad privada, sostuvo la subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel.

En la mañanera presidencial, Vega Rangel, quien fue designada para ocupar la titularidad de la Sedatu en la siguiente administración, detalló que como parte del proyecto en el próximo sexenio el propio gobierno construirá viviendas y pondrá en marcha un esquema de renta social.

“Se especula mucho en el tema de vivienda, porque hay intereses de diversos actores (…) Pero no tendría que ver con la propiedad privada, absolutamente nada. Estén tranquilos”, respondió a las versiones que han señalado que el mencionado esquema arrebatará sus propiedades a quien las rente.

Iniciativa de reforma

El titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Carlos Martínez, explicó que este proyecto de renta social se emprendería a partir de la aprobación de la reforma constitucional enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual ampliaría las facultades del instituto, que no sólo dotaría de créditos a los beneficiarios, sino que también podrá construir.

La idea es hacer un esquema de renta social, que es lo que ha planteado la virtual presidenta electa, con el cual una familia arriende este tipo de vivienda hasta por 10 años, y al cabo de ese tiempo tenga la opción de comprarla.”

Los funcionarios, junto al vocal ejecutivo del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), César Buenrostro, presentaron en Palacio Nacional, ante el presidente López Obrador, un informe sobre las acciones en vivienda durante la actual administración.

En ese contexto, la próxima titular de la Sedatu refirió que en el sexenio que está por concluir se han invertido 1.5 billones de pesos para diferentes programas en la materia, con lo que se han otorgado 3 millones 629 mill 783 créditos y apoyos.

Esto, agregó, en beneficio de 12 millones de personas, además que se generaron 8 millones de empleos.

Al dar los detalles de cada sistema, explicó que por medio del Infonavit, de 2019 a lo que va de 2024, se han otorgado casi 2 millones 600 mil créditos, a los cuales se destinó una inversión de 1.2 billones de pesos.

El Fovissste (que funciona para los trabajadores del Estado) otorgó 274 mil 22 créditos con una inversión de 217 millones 276 mil pesos.

La Comisión Nacional de Vivienda, que atiende a las familias más vulnerables del país, entregó 461 mil 330 apoyos, para los que se han destinado 36 mil 38 millones de pesos.

En tanto que la Sociedad Hipotecaria Federal dio 310 mil 689 créditos, con una inversión total de 7 mil 221 mil millones de pesos.

Beneficiarios

La subsecretaria resaltó que toda la inversión para vivienda en el actual sexenio ha dado como resultado que 2.9 millones de personas salieran del rezago habitacional, 1.9 millones de la carencia de calidad de espacios en vivienda y 1.4 millones de la falta de acceso a servicios básicos. Asimismo, 60 por ciento de todos los apoyos fueron destinados a mujeres.

El director del Infonavit informó que se han realizado 5.2 millones de restructuras en créditos y apoyos de programas del instituto previos a 2018.

Detalló que 194 mil créditos fueron convertidos de salarios mínimos a pesos, en beneficio de 1.2 millones de personas, con lo que se han obtenido descuentos o quitas por cerca de 87 mil millones de pesos. También se abrieron mayores posibilidades para que las personas pagaran sus créditos, se suspendieron los juicios masivos y los actos de desalojo por causas injustas.

El titular del Fovissste, por su parte, denunció que en pasadas administraciones federales los créditos todavía se otorgaban a base de sorteos o sistemas de puntaje que propiciaban la corrupción, (pues) había venta de créditos en el mercado negro. Luego, los listados de los que habían salido sorteados se los vendían a los desarrolladores para que contactaran y acosaran a la derechohabiencia, lo cual erradicó el actual gobierno.