La violencia generada por grupos criminales en la región fronteriza de Chiapas con Guatemala ha ocasionado muerte, tortura, desapariciones y reclutamiento forzado, y ha obligado a comunidades a desplazarse; ante ello, los esfuerzos del Estado mexicano para hacer frente a esta situación han sido insuficientes, aseguró la relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Andrea Pochak.

El crimen organizado sigue tomando el control de muchos territorios y comunidades, dijo en una audiencia pública en el marco del 190 periodo de sesiones de la CIDH, en la que organizaciones civiles advirtieron que desde julio de 2021 esa zona ha sido escenario de una violenta disputa entre estructuras rivales.

Además, llamaron a la CIDH a realizar una visita in situ en los municipios afectados e impulsar la conformación de una comisión de investigación independiente, con apoyo técnico y financiero de instancias internacionales.

Arif Bulkan, relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la CIDH, expuso que el panorama denunciado por las organizaciones refleja una crisis de una magnitud considerable, y aunque reconoció que el Estado expresara que tiene la voluntad de resolver esto, las respuestas deben ser más fuertes porque hay graves abusos de los derechos humanos.

En la audiencia virtual, Teresa Baratta, del Movimiento Sueco por la Reconciliación, señaló que la pelea entre grupos criminales en la frontera de Chiapas y Guatemala tiene que ver con el control de las rutas trasnacionales de tráfico de drogas, armas y migrantes. Su estrategia se basa principalmente en el control violento de la población civil, los habitantes son obligados a someterse a uno u otro grupo, bajo amenazas de desaparición, tortura y asesinato en caso de resistencia.

Manifestó que según estimaciones de organizaciones civiles, entre 12 y 15 mil personas han sido desplazadas por la violencia armada.

Nataniel Hernández, de la Red TDT, denunció que el estado no ha puesto en práctica un plan integral de atención para las comunidades afectadas. Por el contrario, dijo que ha habido negación o minimización de la violencia en Chiapas

En representación del Estado mexicano habló Roberto de León, director general de Derechos Humanos de la cancillería, quien aseguró que parte de la conflictividad en Chiapas tiene raíces históricas.