De manera anticipada, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) clausuraron ayer su primer periodo de sesiones de este año, aun cuando la ley establece que terminará el último día hábil de la primera quincena del mes de julio, es decir, tocaría cerrar con la sesión del pleno del próximo lunes.

El primer periodo vacacional de los ministros, que termina el jueves 1º de agosto, llegó en medio de la discusión rumbo a la reforma profunda del Poder Judicial de la Federación (PJF), propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la sesión, la ministra presidenta Norma Piña Hernández clausuró el periodo de sesiones, pero acotó que la declaratoria surtirá efectos hasta el 15 de julio.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declara hoy (ayer), con efectos, a partir de las 24 horas del lunes 15 de julio de 2024, clausurado el primer periodo de sesiones correspondiente al año en curso. Cumplido el objetivo de esta sesión, convoco a las señoras ministras y a los señores ministros para la sesión pública solemne que tendrá verificativo el jueves 1º de agosto del año en curso. Se levanta la sesión, dio lectura Norma Piña, dando un golpe con el mallete.

En las próximas dos semanas, las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama se quedarán al frente de la Comisión de Receso de la Corte para atender los trámites en asuntos administrativos de carácter urgente, como acordó el pleno el pasado 24 de junio.

En la sesión de ayer sólo hubo 10 de los 11 ministros, ya que desde el pasado 4 de julio tomó su periodo vacacional el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

Validan ley

Hoy, los ministros tenían planeado discutir dos acciones de inconstitucionalidad, pero sólo resolvieron una que fue promovida por el Poder Ejecutivo federal en contra de reformas de noviembre de 2022 a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Chihuahua, sobre consultas a comunidades indígenas, bajo el proyecto de la ministra Loretta Ortiz.

Por mayoría de votos, el pleno validó el artículo 35 Quater, fracciones XIII, XIX y XX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua, al determinar que no afectan directamente los intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, como acusó el Ejecutivo.

Los ministros decidieron no discutir el segundo asunto por la extensión de los temas y falta de tiempo, el cual era una acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH, que demanda la invalidez de reformas hechas en febrero de 2020 a la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para el estado de Oaxaca.