Cananea, Son., Pobladores de la sierra de Sonora informaron que iniciarán una batalla legal contra el consorcio minero Grupo México por acaparar el agua de los ríos San Pedro, Bacoachi y Sonora, pues consideran injusto que el poder económico de Germán Larrea, propietario de la compañía, esté por encima del derecho humano a este recurso.

En entrevista, Humberto de Hoyos, vocero de la Comisión en Defensa del Agua del Río Sonora, señaló que lugareños, activistas y productores interpondrán la denuncia ante tribunales federales por el abuso de poder que ejerce la firma para llevarse el líquido de estos tres cauces a la mina de Buenavista del Cobre, en Cananea.

Explicó que el río San Pedro, que atraviesa el yacimiento y fluye hacia la frontera con Estados Unidos, está casi seco, por lo que también se han organizado con habitantes de Sierra Vista, Arizona, para luchar por el recurso.

El condado de Sierra Vista demandó a la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, por no poner atención al problema, porque en el sur de ese estado el líquido que beben provenía del río San Pedro, que ya agotó la minera, y ahora están volteando a Bacoachi, explicó.

De Hoyos mencionó que el litigio que iniciarán en México se basará en los estatutos de la Ley de Derechos Humanos, que prioriza el uso del agua para fines domésticos, agrícolas y pecuarios, y relega el industrial a un último lugar.

Agregó que Grupo México está acabando con el líquido de la región sin contemplar la reutilización de las aguas residuales o algún otro proceso hídrico que coadyuve con el ecosistema.

Hasta ayer, los habitantes de Bacoachi mantenían bloqueado el camino que conduce a los ríos Bacoachi y Sonora para evitar el ingreso de las pipas de la minera que, aseguran, se llevan alrededor de 63 mil metros cúbicos de agua al día al yacimiento de Cananea.

Una década de impunidad

El 6 de agosto se cumplen 10 años de la mayor tragedia ambiental en México, provocada por Grupo México: el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en el río Sonora, desde la mina Buenavista del Cobre. Las familias afectadas aseguran que la contaminación persiste y sufren problemas de salud sin recibir atención médica adecuada.