La fiscalización al comercio exterior se incrementó en el último año y ha derivado en el retiro de certificaciones y permisos a importadores que los usan para eludir impuestos, una buena parte de ellos son grandes contribuyentes; también se ha reflejado en el aumento de operativos para embargar mercancía de contrabando, y en el retiro de los permisos a importadores que abusan de las regulaciones, enfatizó Erick Jiménez Reyes, titular de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (Agace) del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Sólo en la primera mitad de 2024, el SAT integró 39 expedientes por presuntos delitos penales en materia de comercio exterior, que representan un perjuicio al fisco por 3 mil 490 millones de pesos, monto que en sí mismo supera lo registrado en todo 2022, 2021 y 2020, dijo en entrevista. Además, se ha encontrado que las empresas con permisos especiales para evitar el pago de impuestos al valor agregado (IVA) y especial sobre producción y servicios (IEPS) deben 4 mil 199 millones de pesos.

“Estamos haciendo un mayor análisis de los casos con el fin de identificar en todas las auditorías cuáles tienen una conducta penal y llevarlos al siguiente paso (…) a la siguiente instancia, que es la penal”, aseguró el funcionario. Además de los 39 expedientes integrados hasta la mitad de 2024, el año pasado fueron 77 por un perjuicio al fisco que alcanza 6 mil 395.2 millones de pesos y supera lo reportado entre 2020 y 2022, detalló el titular de la Agace.

El monto de presunto perjuicio al fisco denunciado en el último año y medio representa 57 por ciento de los 17 mil 44.2 millones involucrados en denuncias penales vinculadas a comercio exterior que se han presentado durante la actual administración.

¿Funcionarios públicos están involucrados en esas denuncias penales en comercio exterior?, se preguntó a Jiménez Reyes –señalado en notas periodísticas de extorsionar empresas de importadores y exportadores que aún no han sido identificadas–, quien zanjó que estas querellas son contra quienes resulten responsables, es decir, que el número de involucrados y su procedencia resultará de las indagatorias realizadas por el Ministerio Público.

Jiménez Reyes, a cargo de la Agace desde mayo de 2023, explicó que en el último año se han reforzado las tareas de fiscalización a las empresas de comercio exterior, sobre todo en la revisión al padrón de importadores, pues algunos contribuyentes usan esquemas preferentes para eludir el pago de impuestos, sobre todo el de operador económico autorizado (OEA) o bien no cumplen con las obligaciones inherentes a ese tipo de certificaciones.

La certificación OEA se da a empresas que se consideran seguras, con el fin de que puedan introducir al país bienes primarios o intermedios sin pagar IVA ni IEPS, siempre y cuando exporten de nueva cuenta, una vez que se ha realizado un proceso productivo en el país. No obstante, en la primera mitad de este año, 609 empresas, de aproximadamente 3 mil 500 que son parte del esquema, incumplieron con sus obligaciones, y de ellas 121 son grandes contribuyentes que se dedican a productos metálicos, textiles, automotores, así como electrónicos, plástico, hule y agricultura.

Estamos cancelando a las empresas que no están cumpliendo; en este primer semestre llevamos una presuntiva que deben al fisco 4 mil 199 millones de pesos en materia de IVA y IEPS, comentó. Lo mismo sucede con las revisiones del padrón de importadores, que en la primer mitad del año resultó en la baja de 3 mil 490 contribuyentes.

Con ese proceso estamos identificando a contribuyentes que abusan o cometen irregularidades en la importación de los productos y procedemos a suspenderlos; pueden venir a aclarar su situación y si la regularizan, se les reactiva (...) Buscamos que este exista un piso parejo. No vamos a ejercer actos de molestia en los cuales no existan irregularidades, y en todo momento tienen derecho a audiencia, comentó.