La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) advirtió al Congreso capitalino, respecto de una iniciativa de reforma que la obliga a emitir estudios y diagnósticos territoriales para la regularización de asentamientos humanos irregulares, que no cuenta con presupuesto ni personal suficiente para ello.

En un documento enviado al Legislativo, la PAOT hizo referencia que dicho proyecto de dictamen no fue enviado a esta institución para su análisis y opinión, en el cual identificaron nuevas facultades que la obligan a participar en el proceso de regularización de asentamientos humanos, mediante la elaboración de estudios y diagnósticos que determinen afectaciones urbanas y ambientales.

Esas obligaciones, señaló, no cuentan con el sustento jurídico suficiente, el dictamen no contiene una evaluación del impacto presupuestal, ni se cuenta con un área específica ni con el número de personas servidoras públicas para elaborar el diagnóstico, el cual implica la realización de censos por lote habitado de un asentamiento irregular, lo que escapa del ámbito competencial y atribuciones señaladas en la ley. La PAOT, precisó, no lleva a cabo este tipo de actividades.

En otro tema, la Comisión Permanente del Congreso local exhortó a la alcaldía Benito Juárez a implementar las medidas necesarias para garantizar el derecho al trabajo de las personas locatarias de los mercados públicos.

Además, solicitó a la contraloría interna revisar los actos realizados por la jefatura de la Unidad Departamental de Mercados y Tianguis, la cual, mediante una circular sin número, notificó a las y los locatarios del inicio de verificaciones debido a un supuesto alto consumo de energía eléctrica, acusaron diputados de Morena, quienes consideraron que es una acción inaceptable que vulnera a ese sector.

Agregaron que desde el punto de vista legal estas acciones violan los derechos humanos de los locatarios; mientras la circular representa un acto de corrupción y desatiende los principios de integridad, honestidad, imparcialidad, profesionalismo, equidad y justicia que deben guiar el actuar de los servidores públicos.