San Salvador. Al menos 176 niños salvadoreños quedaron en orfandad por la muerte de alguno de sus progenitores presos bajo el régimen de excepción usado por el presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas, denunció ayer la organización no gubernamental Cristosal.

Se ha determinado que al menos 176 hijos e hijas de personas detenidas quedaron en la orfandad por la muerte de su madre o padre durante los dos primeros años de la medida, dijo la ONG.

Según el informe presentado ayer, 261 personas adultas detenidas han muerto bajo custodia estatal entre 2022 y 2024, cifras presentadas por Zaira Navas, jefa de su unidad de estado de derecho.

En abril, varias agrupaciones de derechos humanos, entre ellas Cristosal, ya habían acusado la muerte de 244 personas bajo custodia estatal entre el 27 de marzo de 2022 y el pasado 29 de febrero.

Esas muertes de personas privadas de libertad durante el régimen de excepción tienen ese alto costo, de dejar a muchos hijos en la orfandad, pues el Estado incumplió su obligación de garantizar su vida, su salud, agregó Navas.

Advirtió que los muertos en prisión podrían ser más, pero la falta de acceso a información oficial impide conocer la cifra real.

Organizaciones de derechos humanos han criticado la política de régimen de excepción por considerar que viola garantías fundamentales, pero Bukele se niega a derogarlo.

El informe dice que aún no se puede cuantificar con precisión el número de menores que se ven expuestos al abandono como consecuencia del arresto o el encarcelamiento de sus padres.

No obstante, Cristosal estimó que por lo menos 62 mil 22 menores de 15 años pueden haber sufrido alguna modalidad de abandono por este motivo.

En tanto, la agrupación Socorro Jurídico Humanitario denunció que en 28 meses del régimen de excepción más de mil 400 menores han sido condenados, 40 por ciento de ellos sin el debido proceso.

La política de régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, fue aprobada por el Congreso a petición de Bukele como respuesta a una escalada de violencia que cobró la vida de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo de 2022. El Congreso prorrogó el martes la medida, que permitió la detención de más de 81 mil presuntos pandilleros.