Uuc-kib Espadas, presidente de la Comisión de Presupuesto 2025 del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que el diseño de este proyecto exige ceñirse de manera estricta a criterios de racionalidad de gasto a partir de una revisión de los proyectos del instituto.

En la apertura de estos trabajos, el consejero subrayó que el INE utiliza dinero público para dar un servicio a la ciudadanía, de ahí que los recursos que se definan deben ser sin excesos, con eficiencia y responsabilidad y capacidad para rendir cuentas.

Ante otros consejeros y representantes de partidos políticos, Espadas destacó que estudiarán la estructura organizacional.

La elaboración del presupuesto es un momento para revisar los proyectos de este instituto, sus efectos, su pertinencia y, de esta manera, tener un desarrollo acorde con las necesidades permanentes y cambiantes, a la vez de los procesos electorales en una sociedad y en un México también cambiantes, subrayó.

En la Comisión de Presupuesto participan, además, Norma de la Cruz y Rita Bell López Vences, quien igualmente aludió que el proyecto se hará considerando las medidas de racionalidad, austeridad y economía en la aplicación del gasto, sin perder la calidad de los trabajos y servicios.

Miles de millones

Estudios del INE muestran que el órgano ha tenido un presupuesto cada vez mayor, marcadamente en los años de elecciones presidenciales, lo cual no se corresponde con el nivel de participación ciudadana, indicador que ha permanecido en el rango de 60 por ciento, lejos del récord de 1994.

Para 2012, tuvo a disposición poco más de 10 mil millones de pesos, y en 2018 el presupuesto fue de casi 18 mil millones, sin contar en estas cifras las prerrogativas a partidos.

En 2024 dispuso de un monto de 22 mil 322.8 millones, a lo que se suma el financiamiento público a partidos. De esa cifra general, al menos 8 mil 816 millones son para el pago de nómina y el resto para proyectos programados dentro de la denominada cartera institucional, como los 75.5 millones para coadyuvar en la organización de las elecciones locales y 8 mil 802 millones para organizar el pasado proceso electoral del 2 de junio.

En cambio, 2025 no es año de elección federal, aunque en esta ocasión el diseño del presupuesto se hará en un contexto de discusión sobre una eventual reforma electoral, así como un cambio de esa magnitud al Poder Judicial de la Federación, lo que incluye, acorde con las ideas expuestas por el partido mayoritario, la elección de jueces y magistrados, cuya organización recaería en el INE.