Con base en la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de Emilio Zebadúa González, ex oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el gobierno de Enrique Peña Nieto, así como sus hermanos José Ramón y Lourdes, son investigados operaciones con recursos de procedencia ilícita y, en caso de que se judicialice la carpeta de investigación, no gozaría de los beneficios de un criterio de oportunidad, indicaron fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Los funcionarios consultados señalaron que el caso proviene de una carpeta de investigación que estaba en manos de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, que dirigió Juan Ramos López hasta septiembre del año pasado y tras su fallecimiento el caso se mantuvo sin movimientos.

Sin embargo, desde un par de meses la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, que encabeza María de la Luz Mijangos Borja, se turnaron expedientes de casos que la oficina de Ramos López no resolvió, como el de Emilio Cebada González.

Según la información obtenida, las investigaciones en contra del ex Oficial Mayor de la Sedesol y Sedatu ya han tenido una revisión y se analiza la posibilidad de judicializar el expediente en el que Emilio Cebada González y sus hermanos gastaron más de 200 millones de pesos en la adquisición de un inmueble en el estado de México, pagos en casinos y depósitos a cuentas bancarias que posteriormente fueron transferidos a personas morales con las cuales presuntamente no tenían relación.

Además de esa indagatoria, en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) siguen en integración varias carpetas de investigación relacionadas con desvíos que se cometieron entre 2012 y 2018.

En ambas fiscalías se indaga la posible comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, explicaron las fuentes consultadas, sin que Cebada cuente con el beneficio de ser testigo colaborador, como sí ocurrió en el proceso penal que se le siguió a la ex titular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga, y por lo que ya fue absuelta en uno de los procesos por ejercicio indebido del servicio público.

Según la denuncia presentada por la UIF, José Ramón y Lourdes Zebadúa habrían recibido más de 142 millones de pesos. La querella fue presentada el 21 de octubre de 2020.

La UIF señaló que entre los años 2017 y 2019 Lourdes Zebadúa González erogó por concepto de gastos en casinos la cantidad de 58 millones 600 mil pesos, y de 2014 a 2019, 26 millones 100 mil en transacciones de tarjetas de crédito.

José Ramón Zebadúa, señaló la UIF, realizó gastos que superaron sus ingresos reportados en 70 por ciento.