El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró viable la revisión de la reforma salinista aprobada en los 90 que allanó obstáculos para la privatización del ejido. Sostuvo que una de las consecuencias que generó ese cambio ha sido que algunos ejidatarios se convirtieron en acaparadores y tienen propiedades de hasta 10 mil hectáreas, incluso compraron en zonas costeras como Playa del Carmen.

En su conferencia mañanera, a pregunta expresa para que definiera una postura sobre esta posibilidad, dijo: la transformación va a continuar, siempre buscando lo que más conviene, el juicio práctico, porque si se va a llevar a cabo una cancelación de la reforma del 27 y va a generar un ambiente de malestar, intranquilidad o inestabilidad económica y financiera que afecte al país, hay que valorar; si son más los beneficios, adelante, a correr los riesgos, pero muchas veces no son importantes.

López Obrador hizo un recuento de cómo se realizaban las reformas en ese periodo y las formas de negociación, al difundir una controvertida conversación telefónica obtenida en su momento de forma ilegal entre el empresario Roberto Hernández y quien era la coordinadora de los diputados del PRI en el sexenio de Vicente Fox, Elba Esther Gordillo. Recordó que el sistema quería removerla, por lo que se filtró esa plática donde sugieren acuerdos para cambios en materia fiscal y laboral.

Era mantener congelados los salarios y quitar prestaciones a los trabajadores, y la reforma fiscal, que era cobrar IVA a alimentos y medicamentos. Y le dice también de la reforma energética, la privatización del petróleo, de la industria eléctrica. En ningún momento en ese periodo se abordaban los problemas de fondo del país, ni sobre la corrupción, pero eran las formas de negociación, de antes, que ya no son las de ahora.

A diferencia de entonces, comentó que en su administración se ha impulsado la redistribución de la riqueza mediante la asignación presupuestal con énfasis en los programas sociales que se pueden financiar del combate a la corrupción. Tras resaltar que por esta tarea se ha obtenido un billón de pesos, aseguró que “sólo la distribución justa del presupuesto es importantísima, porque antes –y me pueden refutar– no había la distribución del presupuesto que hay ahora.

Puedo probar cómo le está llegando el presupuesto público, los 9 billones del presupuesto nacional, cómo se distribuyen y cómo reciben aunque sea una pequeña porción de 90 por ciento de los mexicanos de manera directa; el 10 por ciento restante se beneficia porque, como el 90 por ciento está recibiendo apoyo directo de la Tesorería de la Federación, tiene recursos para fortalecer el mercado interno.

Agregó que otras acciones se han realizado por la vía de los cambios legales, como ocurrió en torno al sistema de pensiones para revertir las bárbaras reformas que impulsaron los gobiernos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. Confió en que se evaluó la posibilidad de cancelarlas por sus efectos negativos para los trabajadores.

Se evaluó quitando las Afore y que el gobierno manejara las pensiones de los trabajadores, como era antes, y dijimos: no, porque va a generar mucha inestabilidad, por lo que se preservó ese mecanismo pero obligando a esas instituciones financieras a reducir sus elevadas comisiones, lo que redituó en un ahorro para los trabajadores de 40 mil millones de pesos, estimándose que para 2030 alcance 160 mil millones de pesos. Se optó por la reformas para resarcir las magras pensiones que se desprendían del periodo neoliberal.