l vocabulario neoliberal define a cualquier erogación del Estado que se destina al beneficio de la población como gasto público; en contraste, se define como inversión productiva a toda transferencia, en cualquier modalidad (asociaciones público privadas, concesiones, incentivos fiscales, etc.), a la iniciativa privada (IP) y al 0.01 por ciento más rico.

Llamarle gasto público genera una percepción negativa en la población. Un ejemplo de esto es la constante crítica a las pensiones universales. La gran mayoría de ese dinero se reinyecta a la economía y así se fortalece el consumo interno. Sin embargo, eso no se considera cuando se les critica y algunos sectores mantienen la idea de que es un dispendio.

Otra consecuencia que provoca esto es pensar que el gasto público debe limitarse y que el Estado debe manejarse como una empresa. Esto implica que toda erogación debe hacerse con un horizonte de recuperación que se inserte dentro de los tiempos, bajo los criterios de la inversión privada y, de preferencia, debe realizarse por la IP. Es ahí cuando caemos en esta trampa y que se produce un círculo vicioso. El reducir el gasto público, enfocar todo en inversión productiva y, además, demandar retornos financieros en tiempos cortos y a rendimientos altos, genera desigualdad, subinversión, bajo crecimiento económico y, sobre todo, limita el acceso de la población a servicios que en principio deberían ser públicos.

El mejor ejemplo de esto ha sido la industria eléctrica. En México, este vital servicio al principio sólo se encontraba en las colonias más ricas de las ciudades más ricas del país. Operaban como islas aisladas y, dado que las inversiones eran cuantiosas e imperaba la lógica de la inmediatez del lucro y la maximización de las ganancias, nunca se extendió más allá de dichos enclaves ni aumentó de manera significativa la oferta en el país, limitando el crecimiento económico, pero sobre todo el desarrollo social y el bienestar de la población. El desarrollo de la industria se veía limitado porque existe una contradicción fundamental que experimenta la IP entre el horizonte de recuperación de la inversión y qué tan asequible puede ser un servicio. Esta relación define la cantidad de usuarios potenciales; es decir, a mayor tiempo que se tolere recuperar la inversión, menos se requiere recuperar cada año, lo que hace posible que cada usuario pague menos por dicho servicio, aumentando la base de posibles usuarios. Caso contrario, cada año que se recorte del horizonte de tiempo, aumentará la cantidad necesaria por año y esto a su vez disminuye la cantidad de potenciales usuarios al elevar los costos; esto es, el tiempo que se permita para recuperar una inversión puede generar una barrera de entrada.

Sólo el Estado tiene los horizontes de tiempo suficientes para garantizar que se puedan llevar a cabo inversiones cuantiosas y que éstas sean a la vez accesibles para la mayoría de la población. Y así sucedió en el sector eléctrico. Fue hasta que el Estado ingresó, con una lógica de visión de largo plazo y de proveeduría de servicio público, que se hicieron las grandes obras, como el sistema de transmisión interconectado de todo el país, las hidroeléctricas o nuestra planta nuclear. Todas son inversiones muy altas que pueden operar durante décadas y que gracias a que el Estado las realizó, hoy 99.99 por ciento de la población tiene acceso a la electricidad.

Lo interesante es que después de que se llevaron a cabo dichas inversiones, fue cuando ya no se quería que el Estado participara. Una vez que éste corrió el riesgo e invirtió el capital de largo plazo, se ha buscado (desde Salinas hasta Peña Nieto) que ceda el espacio a la IP y que regrese la lógica de inmediatez del lucro. Lo mismo sucedió con todos los sectores que tienen un monopolio natural. Las redes de telecomunicaciones se tendieron y digitalizaron cuando eran propiedad del Estado. Las vías de trenes, desde su privatización, sólo aumentaron 0.1 por ciento en su longitud, mientras las ganancias aumentaron 100 por ciento. Las redes de agua que se han privatizado no han mejorado el servicio ni aumentado su longitud.

Por eso hay que replantear la manera en que entendemos la inversión pública, cómo se lleva a cabo y dejar atrás el concepto de gasto público. Las pensiones, becas y demás programas sociales son inversión pública, es dinero que se invierte en las personas para que tengan una mejor calidad de vida y mejores oportunidades en el futuro. Asimismo, debemos tener muy claros los sectores en los que, por su importancia y potencial de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, debe realizarse bajo los criterios que sólo el Estado puede reconciliar con los montos tan altos de inversión que requieren.

X: @aloyub