La Fiscalía General de Justicia (FGJ) descubrió una red de protección de antros, bares, establecimientos mercantiles ilegales y obras que opera desde el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y cuenta con el apoyo de personal de la Dirección de Jurídico y Gobierno de la alcaldía Cuauhtémoc.

Tras la detención de dos verificadores del Invea, denunciados por su presunta participación en los delitos de extorsión, ejercicio indebido del servicio público y rompimiento de sellos de clausura de un estacionamiento, la dependencia inició una carpeta de investigación.

Los trabajos de gabinete y campo de su personal, derivados del inicio de la indagatoria CI-FICUH/UAT-CUH-2/UI-2 C/D/001422/07-2024, llevaron a descubrir que el acta levantada por la verificación de un antro puede quedar congelada o se solicita dinero para que la resolución de la oficina calificadora, dependiente de la Dirección de Jurídico, salga favorable, y en caso de ser suspendido o clausurado el negocio o la obra, se negociaba la entrega de dinero, señalaron fuentes consultadas.

De llegar a un acuerdo, se retiraban los sellos para que continuara operando sin problemas, como sucedió en varias ocasiones en bares ubicados en Madero 20, en el Centro Histórico, donde está el Black, donde el pasado 7 de junio, finalmente le suspendieron actividades.

Rebasar el aforo y la intoxicación de ocho menores por el consumo de bebidas embriagantes llevaron a personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil a acudir al lugar, además de gente del Invea, recordaron.

Otra indagatoria

La fiscalía, dijeron, inició la carpeta de investigación CI-FICUH/UAT-CUH-6/UI-1 S/D/01016/06-2024 por corrupción de menores, delito por el que también se abrió otra indagatoria contra el bar El Perro Salado, ubicado en la colonia Tránsito.

Dicho lugar operaba de manera ilegal al no estar registrado en el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles ni contar con permiso de la alcaldía; sin embargo, nunca fue objeto de una verificación, precisaron.

El 14 de junio fueron sacadas cerca de 500 personas, en su mayoría menores de edad, a quienes se vendían bebidas alcohólicas, por lo que se abrió la carpeta CI-FICUH/UAT-CUH-2/UI-1 S/D/01089/06-2024.

A casi tres semanas de que el jefe de Gobierno, Martí Batres, afirmó: No vamos a proteger a ningún empresario ni a ningún dueño de un inmueble que pongan en riesgo a las personas, y que solicitaría a la Secretaría de Gobierno dar a conocer los nombres de los dueños de dichos lugares, esto no ha sucedido.

Por otra parte, mencionaron que algunas obras beneficiadas por dicha red de protección se ubican en el polígono Roma-Condesa.