n 1776 Estados Unidos se independizó de la corona inglesa aboliendo todas las canonjías de las que el rey gozaba. Quienes dieron la vida en esa gesta nunca imaginaron que casi 250 años después, la Suprema Corte erigiría un histrión y, por añadidura, delincuente como su nuevo reyezuelo. La semana pasada de un palmo regresó al país al medioevo. La exageración tiene sentido si se considera que en los últimos años la Corte ha emitido decisiones que amenazan con minar aún más la maltrecha democracia de ese país. Entre ellas, la de pasar por encima del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo arrebatándoles el derecho al aborto que habían ganado hace más de 50 años; burocráticas que difícilmente pueden cumplir los votantes de menos recursos, con el fin de limitar el voto de quienes apoyan al partido demócrata; y recientemente la más descabellada, otorgando inmunidad en la comisión de delitos a los presidentes.

No hay que ser muy perspicaces para entender esta última tiene nombre, apellido y beneficiario directo: Donald Trump. Al margen de que para edulcorar el dictamen construyó un laberíntico edificio de recursos legales argumentando que la decisión incluye y proteja a futuros mandatarios de la venganza de sus oponentes. En la coyuntura política actual, su dictamen tiene un propósito especifico: indultar a Trump de las decenas de los delitos que se dirimen en tribunales en su contra, sirviéndole en charola de plata su regreso a la Casa Blanca. Es más evidente que la Corte rompe con el equilibrio entre los poderes imponiendo su autoridad por arriba del Congreso que, de acuerdo con la Constitución, es el responsable único de emitir leyes. Lo que ella hace es navegar a contracorriente de la historia y de la mayoría de la sociedad, al ignorar su aspiración de justicia e igualdad. Las decisiones de seis de sus integrantes, nombrados por presidentes republicanos, tres de ellos por Trump, han violado la ética y moral a la que se debe su alta jerarquía. Han logrado que se dude de la capacidad y honestidad de la Corte para interpretar la Constitución imparcialmente. El asunto es delicado cuando los responsables de interpretarla objetivamente están, ante la evidencia de su politización, en favor de los intereses de los sectores más radicales de derecha.

La conclusión es que los seis ministros conservadores se han propuesto en reconstruir una nación más propia del siglo XVIII cumpliendo en parte con la irracional agenda de Trump. Tantas batallas y vidas perdidas a lo largo de más de 200 años con un trágico epílogo en el que se advierte la necesidad de empezar nuevamente.