La construcción de una política exterior feminista (PEF) requiere que los países garanticen, internamente, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y además reconozcan las desigualdades que todavía enfrentan en los ámbitos laboral, económico y social, advirtieron organizaciones civiles.

Expusieron que la decisión de impulsar en México una PEF requiere de seguimiento para que no se quede sólo como una moda o una etiqueta sin contenido.

En conferencia para informar sobre las conclusiones del evento paralelo Hacia una política exterior feminista en América Latina y el Caribe, en el marco de la tercera Conferencia Ministerial sobre Políticas Exteriores Feministas que se realizó en México, las activistas subrayaron la importancia de que las mujeres lleguen a puestos de decisión, realmente ejerzan el poder con una agenda y postura feminista.

Para ese fin se requiere que los órganos de gobierno y los programas cuenten con recursos económicos, señaló Daniela Castro, del Observatorio Mexicano de Política Exterior Feminista (Ompef) porque sin dinero cualquier iniciativa nace muerta.

Sobre los desafíos a vencer, destacaron las ponentes, en el caso de México es el tema del aborto y su despenalización, ya que sólo se ha logrado en 13 de las 32 entidades federativas. Además, en algunos de éstos donde se han concretado las reformas legales para que las mujeres hagan efectivo su derecho a decidir, no existen las medidas necesarias para su cumplimiento.

Avances en Colombia y Argentina

Frania Colmenero, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), señaló que algunas instituciones de salud a nivel estatal siguen negando el acceso a la interrupción del embarazo aun cuando es legal. Asimismo, consideró que este servicio debería ser esencial para la salud pública.

Comentó que en este tema, hay avances en Colombia y Argentina, mientras en Chile y Ecuador están próximas las discusiones legislativas. En contraste, en nueve países de América Latina y el Caribe, el aborto está prohibido, entre ellos en El Salvador, Haití, Nicaragua, República Dominicana, Curazao, Jamaica y Surinam.

Sobre el asunto de la justicia fiscal feminista, Isabel Mateos, coordinadora de Inversión Social para el Futuro, de Oxfam México, afirmó que se requiere una reforma fiscal progresiva con la finalidad de cerrar las brechas de desigualdad. Recordó que en la región, tres de cada 10 mujeres viven en condiciones de pobreza y una de cada 10 se encuentra en pobreza extrema, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

México es el país con los menores ingresos por recaudación de impuestos y se ubica, incluso, por debajo de la tasa reportada en la región, lo que se traduce en una muy baja posibilidad de inversión pública.

Señaló que frente a las discusiones actuales sobre la gobernanza fiscal internacional en espacios como Naciones Unidas o el Grupo de los 20 países más ricos (G20), México tiene la oportunidad de ser punta de lanza en la inclusión de una perspectiva feminista en estas discusiones desde su compromiso con una PEF.